TRÁFICO ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES. ART. 29 BIS DE LA LEY 23.737.

CONFABULACION. Tráfico ilegal de estupefacientes. En la causa Nº 4632 ‘Rodríguez Frascara, Osvaldo s/ Averiguación por presunta infracción a la ley 23.737’, Cámara Federal de Apelaciones de Apelaciones de San Martín -Sala II (24/07/2008) se sostuvo que “Los procesados se concertaron, de forma organizada, para cometer el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, en sus modalidades de contrabando de importación y exportación destinada a la comercialización; injusto que no se llegó a consumar, por lo que sus conductas preparatorias quedaron atrapadas en el denominado delito de confabulación, que describe el art. 29 bis, primero y segundo párrafos, de la ley 23.737, en función del art. 866 del Código Aduanero (cfr. CNCP, Sala II, c. 4708).

San Martín, 24 de julio de 2008.//-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan a conocimiento del Tribunal las presentes actuaciones, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Facundo Luis Capparelli, en favor de Alberto Roque Meo y Alejandro Melo (fs. 6882/vta. y 6919));; por el Dr. Marcelo J. Abálsamo, respecto de Eduardo Izzo, Antonio Salvador Izzo y Antonio Di Iorio (fs. 6883/6884 y 6916); por el Dr. Gustavo Romano Duffau, letrado defensor de Alejandro Gracia Álvarez (fs. 6885/vta., 6925, 6950/6964 y 6968); y por el Dr. Carlos Suárez Buyo, con relación a Horacio Tomás Rodríguez Frascara (fs. 6886/6887, 6897, 6923 y 6937/6941).-

En la instancia, el Fiscal General subrogante no adhirió a las impugnaciones deducidas (fs. 6913 y 6966), pero sí lo hizo la defensa oficial, respecto de Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, Jorge Julio Zambelli y Aldo Ortiz; en tanto que los apelantes originarios las mantuvieron (fs. 6928/6931vta. y cit.).-

Es objeto de las medidas recursivas, el decisorio de fs. 6856/6875, por el cual el señor magistrado a-aquo resolvió decretar los procesamientos de Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, Alberto Roque Meo, Eduardo Izzo, Antonio Di Iorio, Horacio Tomás Rodríguez Frascara, Jorge Julio Zambelli, como coautores penalmente responsables de seis hechos de confabulación para el tráfico de estupefacientes, individualizados con las letras “A”, “B”, “D”, “E”, “F” y “G”, en concurso real entre sí, mandando trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de sesenta mil pesos -$60.000-; Antonio Salvador Izzo y Alejandro Melo, en los mismos términos, pero respecto del hecho individualizado con la letra “B”, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil pesos -$10.000-; y Alejandro Gracia Álvarez, de igual modo por dos hechos individualizados con las letras “E” y “G”, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinte mil pesos -$20.000- (citó arts. 29 bis de la ley 23737, en función del 866 del Código Aduanero; 45 y 55, CP; 306 y 518, CPPN; puntos “I”, “II” y “III” de la parte dispositiva).-

En la misma resolución, se declaró la falta de mérito de Aldo Ortiz, conforme lo normado en el art. 309 del rito (punto dispositivo “VIII”).-

Los agravios de los defensores remiten, primero, a planteos de nulidad de todo lo actuado, por carecerse del requerimiento de instrucción emanado del Ministerio Público Fiscal; de las intervenciones telefónicas, por falta de fundamentación para ordenarlas y por su excesiva duración; como de los llamados a prestar declaración indagatoria y de la resolución apelada, también por entenderlos infundados (fs. 6885vta., 6928/6931 y 6950/6964 de estos cuerpos principales; 1/7vta., 16/17vta. y 33/43 del acollarado incidente de nulidad promovido por la defensa de Alejandro Gracia Álvarez, csa. nº 4641).-

Además, alegan la insuficiencia de la prueba para dictar los procesamientos; la atipicidad del hecho; la inexistencia de una pluralidad de sucesos delictivos; la afectación a garantías constitucionales, por aplicación de la figura típica contemplada en el art. 29 bis de la ley 23.737; la ajenidad de los imputados; y, concretamente respecto de Alberto Roque Meo y Alejandro Melo, la irrazonabilidad del monto de los embargos (fs. 6882/vta., 6883/6884, 6886/6887, 6885vta. y 6950/6964).-

Tales son los puntos de agravio debidamente motivados, a los que se ceñirá la evaluación de este Tribunal, por imperio de lo normado en los arts. 438, 439 y 445, primer párrafo, del digesto adjetivo.-

II. En atención al carácter absoluto y la influencia que podrían tener sobre la validez del proceso los pedidos nulidicentes, por encontrarse involucradas garantías de índole constitucional, corresponde abordar su tratamiento de modo preliminar (cfr. arts. 18 y 19, CN; 168 y 169, CPPN).-

a. Así, en referencia a la falta de impulso persecutorio, es necesario señalar que la notitia criminis recibida por un llamado telefónico anónimo, no () debe considerarse una denuncia formal en los términos del art. 174 y ss. del rito, en la medida en la que solo constituye el anuncio de un presunto hecho delictivo, sujeto a verificación. De este modo, tal noticia se tiene por apta para desencadenar la investigación preliminar de oficio, sabido como es que en la fase prevencional los funcionarios de las fuerzas de seguridad, asumen la obligación de responder ante la eventual comisión de un delito de acción pública (art. 183, primer párrafo, CPPN; cfr. esta Sala y Secretaría, c. 2292, “Olevano, Norma S. y otro s/23.737”, rta. el 23/03/2000, reg. nº 2087; y CNCP, Sala I, c. 6434, “Mauritis De Greef, Sanya y Colman Alem, Isidoro A. s/recurso de casación”, rta. el 02/12/2005, reg. nº 8349.1; Sala II, c. 4161, “Blanco, Norberto Fernando s/recurso de casación”, rta. el 10/04/2003, reg. nº 5593.2; entre otras).-

Tal es el caso de marras, en el que el anoticiamiento anónimo motivó la directa la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas -Policía Federal Argentina-, intervención de cuya actividad prevencional, debidamente comunicada al juez competente y notificada al fiscal, desplazó el requerimiento de éste último que, en esas condiciones, devino innecesario (ver fs. 1/6; cfr. arts. 183, primer párrafo, 186 y 195, primer párrafo, del rito).-

Consecuentemente, el principio ne procedat iudex ex officio, no se encuentra vulnerado en autos, debiendo rechazarse la nulidad impetrada por este motivo. b. En cuanto a las escuchas telefónicas, el Tribunal entiende que la orden de su registro fue debidamente fundamentada, en relación a las constancias con que se contaba al momento de ordenarlas.-

En efecto, en los albores de la pesquisa, dicha medida encontró razonable sustento en la verificación de datos y hechos objetivos informados en la denuncia anónima, en vinculación a lo cual, resultaron sospechosos los reiterados viajes al exterior del primer involucrado y las numerosas llamadas telefónicas que habría recibido desde otros países, sin razones lícitas manifiestas que lo explicaran (fs. 6, 1/17, 20/22, 24/25, 27/34, 46/47, 57/60, 62/63, 64/vta.).-

Luego, con el devenir de la investigación, se sumó el contenido prima facie incriminatorio de las conversaciones escuchadas, y su congruencia con el resto de las constancias que en forma progresiva se fueron colectando en el sumario. Destácanse así, los informes y las declaraciones testimoniales del personal preventor, todo lo cual, analizado conjuntamente, resultaba indicativo prima facie de que estaría desarrollando la actividad delictiva que, precisamente, se pretendía esclarecer con las consecuentes y sucesivas intervenciones telefónicas ordenadas en autos (ver fs. 69/72, 76/77vta., 80/81vta., 83/85vta., 89/vta., 94/97vta., 99/100, 110/145, 147/150, 153/170, 173/180, 188/201, 204/210, 221/224, 230, 237/239vta., 242, 244/251, 259/262, 275/278vta., 285/295, 298/300, 312, 316/353, 359/361, 365/366vta., 371/372vta., 378/379vta., 381, 389/390vta., 402/406, 420/421, 422/425vta., 433/439, 451/456, 459/463vta., 468/476vta., 491/503, 506/529, 536, 538/539, 541, 547/549, 555/557, 562/567vta., 569/588, 597/600vta., 603/614, 618/620vta., 627/629vta., 635/634vta., 646/651, 658/689, 695/697, 700/704vta., 708/720, 741/744, 762/767, 775/776, 832, 836, 838/839, 840/866, 923, 929/935, 1486/1487vta., 1499/1500, 1505, 1510/vta., 1512/1514, 1582, 1905/1907, 2189/2190, 2192/2193, 2820/2821, 2873, 3184/3186, 3432/3434, 3590/3594, 3730/3731, 3763/3767, 3784/3786, 3860/3861vta., 3874, 4087/4105, 4109/4110, 4113/4115, 4120/4126, 4128/4130, 4132/vta., 4136/4138, 4141/4143, 4217, 4224, 4480/4486, 4493/4522, 4524/4532, 4733/4739, 4741/4743, 4749/4754, 5090/5091vta., 5099/5102, 5104/5107, 5230/5234, 5600/5620, 5636/5637, 5641/5642, 5646/5656, 5669/5671, entre otras).-

Cabe señalar, además, que la investigación debió adaptarse a las especiales características, complejidad y al dilatado curso de la actividad delictiva, propias del tráfico internacional de estupefacientes que los presuntos involucrados debieron encarar. Nótese, en efecto, que el proyecto importó para ellos una serie de dificultades organizativas que, reiteradamente, fueron postergando la consecución del fin último perseguido y en su transcurso, se modificaron parcialmente las circunstancias de hecho y cambiaron algunos de sus actores, a la vez que se produjeron diversos intentos por concretar el objeto principal de la maniobra que, en algunos momentos, pareció de inminente desenlace (ver fs. 4532 y 4533 primer párrafo, 5252, 5254, 5257, 5260/5261vta., 5266/vta., 5516/vta. entre otras). Lo expuesto motivó las numerosas medidas dispuestas y su prolongada duración, que al encontrarse basadas en circunstancias concretas de la causa, permiten descartar los agravios esgrimidos al respecto (fs. cit.).-

c. Con relación al llamado a prestar declaración indagatoria, la Sala tiene dicho que se trata de una decisión exclusiva e imperativa para el juez instructor, cuando la evidencia reunida sustenta el estado de sospecha que reclama el art. 294 del ritual que, a su vez, encuentra su límite en la pauta de razonabilidad que emana de la ponderación de la prueba (cfr. Sec. Penal Nº 4, c. 3348/06, “Inc. De nulidad promovido por la defensa de Klein, Enrique Jorge”, rta. el 01/02/07, reg. nº 3568, y su cita, reg. nº 3565, entre otras).-

En el caso, el cúmulo probatorio era suficiente para sostener las convocatorias a ese tenor, y no se advierten impedimentos legales para que se aplazara la efectivización de las citaciones en pro de esta u otras investigaciones paralelas, ni la parte acreditó el menoscabo que ello le habría ocasionado a su derecho de defensa (ver fs. 5661/5662, 5748, 5793, 5796/5798vta. y cit.).-

d. Finalmente, la nulidad impetrada respecto de la misma resolución apelada, tampoco tendrá favorable acogimiento.-

Ello así, porque a criterio del Tribunal el señor magistrado a-quo dio fiel cumplimiento a la regla de motivación que exigen los arts. 123, 306 y 308 del rito, y no se advierte defecto legal alguno en los términos de los arts. 167 y siguientes (CPPN), que imponga restarle validez jurisdiccional a lo decidido.-

Máxime, teniendo en cuenta el criterio restrictivo que debe regir en materia de nulidades (doctr. arts. 2 y 166, CPPN), y que los agravios nulidicentes remiten, esencialmente, a la forma en que fue valorada la prueba, aspecto revisable en el marco del recurso de apelación.-

III. Entrando al análisis de las cuestiones de fondo, el Tribunal coincide y hace propias, las correctas apreciaciones realizadas por el juez de instrucción en torno a la prueba del hecho, su calificación jurídica y la coautoría de los imputados; a las que es menester remitirse y tener aquí por reproducidas, a fin de evitar estériles reiteraciones (fs. 6856/6875).-

Sin embargo, ante todo, para mejor comprensión de lo sucedido, corresponde señalar que no se trató de hechos delictivos plurales concurrentes, como lo entendió el magistrado de la instancia anterior; aspecto del que se agravia la defensa de Horacio Rodríguez Frascara (ver último párrafo de fs. 6886vta.).-

Por el contrario, el hecho de marras configura una conducta ilícita singular y continua, en el que el desempeño típico desarrollado por sus coautores, se encuentra conformada por el conjunto de acciones interrelacionadas que tenían por objeto organizar un canal de tráfico internacional de estupefacientes, que permitiera enviar los tóxicos desde la República de Colombia en forma indirecta al continente europeo, pasando por nuestro país; desde aquí, partiendo del puerto de Mar del Plata, la droga sería enviada a España o a Bélgica, bajo la cobertura de un cargamento de pescado.-

IV. Así, con el grado de probabilidad que caracteriza a la etapa procesal que se transita, se tiene por acreditado que los imputados lograron edificar la estructura necesaria para cometer ese delito, pero, según se desprende hasta ahora de la pesquisa, el tráfico de los estupefacientes, en sí mismo, no se habría concretado, por causas ajenas a la voluntad de aquellos.-

De este modo, el accionar de los inculpados quedó circunscripto a una actividad preparatoria que, no obstante ello, en virtud del particular delito que tenía por designio, resulta punible en autos, porque realizaron actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutarlo (art. 29 bis, segundo párrafo, ley 23.737).-

Conforme surge de la causa, el Tribunal considera que fueron actos demostrativos en el sentido señalado, los que se enumeran a continuación:

1) Las reiteradas tratativas llevadas a cabo por los encartados con los potenciales proveedores y receptores de los estupefacientes, de las que dan cuenta las conversaciones telefónicas y los numerosos encuentros realizados en nuestro país y en el extranjero (fs. 762/767, 923, 980/993, 1039/1040, 5395/vta., 5481/5483, 5518/vta., 5554/5555, 5574/5575, 5893/5916, 5940/5942, 5951/5953).-
2) El alquiler de los inmuebles en Uruguayana y en Mar del Plata, destinados a la receptación del tóxico y al alojamiento de los imputados durante la perpetración del ilícito proyectado (fs. 1944/1945, 452/454vta., 687/688, 1186/1187, 2161/2162, 5396/vta., 5435, 5495/5497, 5571, documentación incautada en el domicilio de la calle Belgrano nº 278, de El Talar, precisada a fs. 6443/6445vta.; 6714/vta., 6717/vta.).-
3) La adquisición de vehículos con el mismo fin y las diligencias tendientes a prepararlos para el transporte oculto de los estupefacientes (fs. 2160/vta., documentación precitada de fs. 6443/6445vta., 6770/6772).-
4) Los viajes internacionales de ida y vuelta a los países fronterizos, con el objeto de poner a prueba las rutas que serían utilizadas para ingresar los estupefacientes a la Argentina (fs. 718/719, 5903, 5905, 5893/5916).-
5) El envío de, al menos, un cargamento de pescado a España, practicado con la misma finalidad de testeo previo al despacho del tóxico (fs. 680, 687/688, 695/vta., 700/704vta., 931/935, 1039/1040, 1186/1187, 5577/vta. última parte).-
6) La adquisición de cajas de acrílico para acondicionar la sustancia ilícita; como así, de la arena con la cual se las cargaría en otro viaje de prueba (fs. 6714/vta., 6717/vta.).-
7) El cobro de los giros dinerarios pedidos y recibidos para financiar la infraestructura de la actividad ilícita (fs. 687/688, 1039/1040, 1186/1187, 5825/5830).-
8) El empleo de falsas identidades -a nombre de Alfredo Hugo Vidal, Marcelo Rodolfo Pereyra y Roberto Hugo Garbi-, para adquirir los vehículos, alquilar los inmuebles e incluso atravesar la frontera (fs. 741/743, 1186/1187, 5903, 5905, documentación precitada de fs. 6443/6445vta.; 6717/vta., 6770/6772, 6942/6944, punto 3º de las conclusiones, 6831/6832).-

Lo expuesto, encuentra sustento en las constancias de las fojas citadas -tanto en esta como en la resolución apelada-, donde obran los resultados de las escuchas telefónicas y de los seguimientos de los involucrados; los informes de la prevención y de otros organismos del Estado; las declaraciones del personal policial interviniente y de terceros ajenos a la pesquisa; así como los datos obtenidos de la documentación secuestrada; todo lo cual, observado a la luz de la sana crítica, da pié a las imputaciones realizadas.-

Se aduna, la estrecha relación que los imputados tenían con sujetos vinculados al tráfico de estupefacientes.-

En tal sentido, destácase el nexo con Marcelo Héctor López, argentino que fue condenado por ese delito en la República de Venezuela, a la pena quince (15) años de prisión, junto a otras personas de nacionalidad colombiana y venezolana, que conformaban una banda a la que se le secuestraron mil doscientos cincuenta (1.250) kilogramos de cocaína (fs. 460/462vta., 491/500, 701, 845, 857/858, 1039/1040 y 6693/6701).-

En relación ello, el aquí procesado Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, tres días después de regresar de la ciudad de Bogotá -Colombia-, habría dicho: “… entonces y… bueno yo soy… heredero de todo, así que en este momento yo vengo de un viaje de… un mes que estuve por afuera… de… bueno de hablar y de negociar con todos los… de continuar y esto está todo… está todo en manos mías… y no te das una idea lo avanzado que está todo… así que yo vine a laburar como negro… yo calculo que… que en un mes, de uno a dos meses… estee… estamos saliendo… estamos saliendo y saliendo y saliendo… eeh…” (Ver Fs. 420/421 y 460vta.).-

Tales manifestaciones, son indicativas de la ultraintención ilícita de la actividad preparatoria de los encausados, en principio dirigida a continuar con la línea de tráfico de estupefacientes anteriormente desarrollado por López, pero abierta a otras posibilidades que se presentaran en el mismo sentido.-

Así se desprende de la transcripción de una llamada que “CHUCHO” -radicado en la República de Colombia, en atención al prefijo “0057” de su número telefónico-, le hace a Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara.-

En ella, éste último le dice que “…yo te vuelvo a llamar Chucho porque de cualquier manera yo contigo no quisiera perder la posibilidad de hacer algo…”; a lo que el otro repone: “vea… eso si es muy bonito porque tenemos la oportunidad de hacer algo pelado, como caballeros…”, agregando Rodríguez Frascara agrega: “… si señor eso es lo que me entusiasma… pero ehh… incluso yo estoy viendo la posibilidad de, de armar otra cosa al margen y paralelo, cosa que no entorpezca una cosa con la otra…” (fs. 5511).-

En el contexto reseñado, ese “algo” a lo que hacen referencia, no es otra cosa que el tráfico de estupefacientes, y “la otra cosa” mencionada por Rodríguez Frascara, el proyecto de abrir otras lineas paralelas de suministro.-

Terminaría por corroborar la presunción, el vínculo existente, a su vez, entre Marcélo López y “CHUCHO”, que resulta evidente de una conversación mantenida entre el primero y Osvaldo Rodríguez Frascara. En ella, Rodríguez Frascara le refiere que “… a mi Chucho me llamó, me llamó dos veces estoy en comunicación con este Chucho… y el que quiere, que quiere, que quiere hacer estee… con nosotros, que está dispuesto a financiar todo…”, y luego López le comenta que “… Chucho vino acá…” (fs. 5518/vta.).-

En la misma dirección apuntan los informes de la “Drug Enforcement Administration” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (D.E.A.), que relacionan a Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, Alberto Roque Meo y Alejandro Gracia Álvarez, con narcotraficantes de Colombia que son investigados por la policía de ese país y por el órgano informante, entre los que se cuenta, precisamente, un sujeto de nombre Fernando González González, apodado “CHUCHO” (5661/5662 y 5793).-

También resulta indicio del ilícito accionar, el lenguaje reservado y poco natural que caracteriza a las conversaciones telefónicas que mantenían los encausados, en las que se procuraba ocultar los asuntos de los que trataban y las identidades de las personas a las que se aludía (ver fs. cit., entre muchas otras).-

Asimismo, tienen especial relevancia las manifestaciones vertidas por el contador Aldo Francisco Ortiz, al ser indagado (fs. 6693/6701). De la conjugación de su declaración con el resto de la prueba colectada, entre otras cosas, se desprende que Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara no tenía una actividad lícita que explicara y sostuviera económicamente sus viajes y estilo de vida (“… nunca hizo nada comercialmente…”)y, en otro orden, confirmó su relación con el narcotraficante Marcelo Héctor López.-

Al ser preguntado sobre el significado de algunas conversaciones, Ortiz aceptó la posibilidad que con las exportaciones de pescado, Osvaldo Rodríguez Frascara pudiera “… mandar otra cosa que no fuera limpia … mandar cosas que no estuvieran permitidas…”.-

También reconoció que temía que sus teléfonos estuvieran intervenidos, en relación a lo cual practicó averiguaciones, además de advertírselo a Osvaldo Rodríguez Frascara.-

V. Con la multiplicidad de la prueba de cargo valorada, se descarta lo alegado por los recurrentes en cuanto a que su única fuente sería la interpretación de las escuchas telefónicas.-

Ello, sin perjuicio de que los apelantes no indicaron dónde se encuentra la falla lógica en la inteligencia que, respecto de tales conversaciones, hicieron el personal preventor y el señor magistrado a-quo; ni expresaron cuál es el sentido diferente que pretenden se les otorgue.-

Para resumir, en principio se tiene que Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, habría estado a la cabeza del grupo de personas que, en Argentina, se organizaron para obtener el tóxico desde el exterior, y en tal calidad, fue el contacto con los eventuales proveedores o intermediarios de éstos, todos supuestamente de nacionalidad colombiana, que variaron según las particulares circunstancias de cada momento, entre cuales debe contarse al coprocesado Alejandro Gracia Álvarez (fs. 452/454vta., 460/462vta., 472/vta., 700/704vta., 741/743, 762/767, 1039/1040, 5437/5438, 5516/5518vta., 5940/5942, 6693/6701).-

En la actividad organizativa para importar el tóxico y trasladarlo a la ciudad de Mar del Plata, lo habrían secundado Horacio Tomás Rodríguez Frascara, Jorge Zambelli y Carlos Galetti, éste último, apodado “Grandazzo” y fallecido (fs. 700/704vta., 718/719, 5396/vta., 5435, 6693/6701).-

Finalmente, Alberto Roque Meo, Eduardo Izzo y Antonio Di Iorio, habrían intervenido desde la empresa pesquera “Los Moros”, encargada de acondicionar y remitir al exterior la droga enmascarada con el pescado, además de que los dos últimos recibieron giros del dinero necesario para financiar la operación, al igual que Antonio Salvador Izzo y Alejandro Melo (fs. 634/vta., 687/688, 700/704vta., 741/743, 762/767, 980/993, 1039/1040, 1186/1187, 5516/5517vta., 5554/5555, 5825/5830, 6824/6830).-

De este modo, se concluye que los procesados se concertaron, de forma organizada, para cometer el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, en sus modalidades de contrabando de importación y exportación destinada a la comercialización; injusto que no se llegó a consumar, por lo que sus conductas preparatorias quedaron atrapadas en el denominado delito de confabulación, que describe el art. 29 bis, primero y segundo párrafos, de la ley 23.737, en función del art. 866 del Código Aduanero (cfr. CNCP, Sala II, c. 4708, “Moñino, Juan Carlos y otros s/ recursos de casación”, rta. el 06/02/2004, reg. nº 6302.2).-

VI. El Tribunal no aprecia impedimentos de raigambre constitucional para la aplicación de dicha figura típica, pues su incorporación a la ley penal de estupefacientes por el art. 4º de la ley 24.424, en primer lugar revela la importancia que el legislador adjudica al bien jurídico protegido, al punto de adelantar la intervención del sistema penal a momentos del iter criminis anteriores a la tentativa. Luego, cumple en el ámbito nacional con la recomendación internacional de su punición, emanada de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes -art. 36, “a” (ii)- y de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas -art. 3º, parágrafo 1º, inc. “c” (iv)- (cfr. Adrián Grassi, Miguel Kessler y Germán Bincaz: Leyes Penales Especiales; Carlos A. Mahiques, director; 1ª ed., Bs. As., Fabián Di Plácido, editor, año 2004; pág. 231).-

Tampoco contraviene el principio de legalidad (art. 18, CN), la indeterminación normativa de los actos que deben ser considerados reveladores de la decisión común de cometer el delito, pues el disvalor de tales actos recaerá sobre la finalidad típica perseguida, que en este delito la constituye el dolo de tráfico que guió la ejecución de aquellos, y cuya apreciación queda en manos del juzgador (mutatis mutandi, cfr. Juan Facundo Gómez Urso: “Los tipos penales y su clasificación”; ver en Temas de Derecho Penal Argentina, Juan Alberto Ferrara, director; 1ª ed., Bs. As., edit. La Ley, año 2006, pág. 158).-

En el caso, el conocimiento y la intención con que fueron realizados dichos actos, precedentemente señalados por el Tribunal, se desprende del cúmulo probatorio valorado.-

VII. Por último, el monto de los embargos dispuestos respecto de Alberto Roque Meo y Alejandro Melo (fs. 6856/6875, puntos “I” y “II” de la parte dispositiva), se estima que son ajustados a los parámetros establecidos en el art. 518, primer párrafo, del rito, en función del grado de responsabilidad que, prima facie, se atribuye a cada uno de los nombrados; ello, a fin de garantizar el pago de las costas del proceso.-

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1º) RECHAZAR los planteos de nulidad impetrados por los recurrentes (art. 168, contrario sensu, CPPN).-
2º) CONFIRMAR la resolución apelada de fs. 6856/6875, en cuanto decretó el procesamiento de Osvaldo Héctor Rodríguez Frascara, Alberto Roque Meo, Eduardo Izzo, Antonio Di Iorio, Horacio Tomás Rodríguez Frascara, Jorge Julio Zambelli, Antonio Salvador Izzo, Alejandro Melo y Alejandro Gracia Álvarez, como coautores del delito de confabulación; y trabó embargo sobres los bienes de Alberto Roque Meo y Alejandro Melo, por las sumas de sesenta mil pesos -$60.000- y diez mil pesos -$10.000-, respectivamente; con la aclaración que no se trata de hechos plurales, conforme lo desarrollado en el considerando III (arts. 29 bis, primero y segundo párrafos, de la ley 23.737, en función del art. 866 del Código Aduanero;; 306 y 518, CPPN).-
NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEVUÉLVASE.//-

Fdo.: CRICUOLO – PRACK

Licencia Dr. RUDI

Ante mí: Lionel Ruiz Broccardo

One Comment on “TRÁFICO ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES. ART. 29 BIS DE LA LEY 23.737.

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