PROCEDIMIENTO FISCAL. Facultades de fiscalización y verificación de la ley 11.683.

PROCEDIMIENTO FISCAL. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA LEY 11.683.  Determinación de oficio de la materia imponible. Presentación de declaraciones juradas rectificativas.

En la causa “Pronto Rotulo SRL c/ DGI – Resol. 187/02 y 188/02 s/ Dirección General Impositiva” – CNACAF – SALA II – 12/06/2008 se estableció que en los términos del Art. 119 de la ley 11.683, se considera satisfecha la pretensión Fiscal si el organismo no impugna las declaraciones juradas rectificativas dentro de los 60 días corridos de presentadas. Asimimo, se dijo en uno de los considerandos que “Es que asiste razón a la recurrente cuando cuestiona el procedimiento llevado a cabo en la sede de la demandada, porque habiéndose notificado fehacientemente la finalización de la inspección como ocurrió con fecha 30 de noviembre de 1998, oportunidad en la que se le hizo saber que “deja de hallarse bajo fiscalización por parte de la administración federal” (…), la circunstancia de reanudarse el trámite sin expresión de motivos y de modificarse en la magnitud que surge de los informes de los inspectores los ajustes propuestos, evidentemente afecta su derecho de defensa colocándola en una situación de incertidumbre que no es propia de cómo debe conducirse la administración en su relación con el particular.”

El texto del fallo establece:

Buenos Aires, 12 de junio de 2008.-

Y VISTOS, “PRONTO ROTULO SRL c/ DGI – RESOL 187/02 Y 188/02 s/ Dirección
General Impositiva”,

CONSIDERANDO:

I- El Dr. Carlos M. Grecco integra el Tribunal en los términos de la Acordada n° 01/08 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.//-

II.- A fs. 231/237 la Sra. juez de primera instancia, rechazó la demanda iniciada por la empresa Pronto Rotulo SRL contra el Estado Nacional – Administración Federal de Ingresos Públicos, con expresa imposición de las costas a la vencida.-

Para así decidir, consideró que de la compulsa de las actuaciones administrativas, se desprende que la actuación del Fisco se desarrolló conforme las amplias facultades de fiscalización y verificación que le otorga la ley 11.683, habiendo garantizado durante todo el procedimiento administrativo, incluido el determinativo de oficio, el principio del debido proceso adjetivo. Aclaró que la notificación de la fiscalización efectuada el 29 de enero de 1999 comunicó la continuación de la inspección iniciada el 16/07/98, sin que el formulario F. 8900 n° 024 n° 8 por la que se le notificó la finalización de aquélla con fecha 30/11/98, pudiera sustituir a la autoridad competente para la determinación ni impedir el posterior control de organismo.-

Agregó que la demandada consideró la denuncia por el robo de la documentación formulada por la actora, y destacó que las resoluciones administrativas gozan de la presunción de legitimidad establecida en el Art. 12 de la ley 19.549, sin que la actora hubiera ofrecido medidas probatorias tendientes a acreditar la arbitrariedad e ilegitimidad por ella sostenida respecto de la determinación de oficio cuestionada en autos.-

III.- Contra esa sentencia interpuso la actora el recurso de apelación que obra a fs. 240 y que fundó a fs. 246/256.-

En primer lugar, expresó los antecedentes de la cuestión, recordando que en el marco de una inspección integral iniciada con fecha 21 de julio de 1998, la inspección actuante procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias y concluyó, en noviembre de 1998, que la actora adeudaba la suma de pesos ocho mil ciento tres con cuatro centavos (8.103,04)), respecto del primer impuesto mencionado y de pesos diez miel setecientos treinta cinco con cincuenta y siete ($ 10.735,57) por el segundo.-

Que esos ajustes fueron conformados por la actora que presentó declaraciones juradas rectificativas y se adhirió al régimen de presentación espontánea y de facilidades de pago, lo que motivó, que conforme el acta de fecha 30 de noviembre de 1998, la inspección actuante dio por terminada la fiscalización.-

Sin embargo, destacó que luego de concluida la fiscalización y aceptadas las diferencias indicadas por el ente fiscal, se le notificó una nueva inspección y se le requirió nuevamente información, siendo escasa la documental que pudo aportar en esa oportunidad porque el día 30 de enero de 1999 fue víctima de un robo que le sustrajo dinero, documentación, libros comerciales y cheques.-

Que a pesar de la colaboración prestada al Fisco en la ardua tarea de reconstruir las operaciones cuya documental fue sustraída, pero que había sido considerada en la primer fiscalización, el ente recaudador efectuó nuevos ajustes e inició sumario por presunta infracción al Art. 45 del código fiscal.-

Afirmó que la documental que la demandada le requería había sido puesta a su disposición durante la primera fiscalización, y que sin considerar esa situación, se le determinó de oficio una deuda por los mismos impuestos y períodos antes fiscalizados.-

En ese contexto, criticó la sentencia de la primera instancia, destacando que su parte no alegó la inmutabilidad de las liquidaciones practicadas por la primer inspección ni invocó el efecto liberatorio del pago de un impuesto autodeclarado como parece interpretar la sentenciante, sino el status generado por el informe final de la primer inspección, y la comunicación formal de cierre o finalización de la fiscalización.-

En ese sentido, sostuvo que el informe final y el cierre en cuestión, constituyen actos propios de la administración dictados en el normal desarrollo de sus competencias, que consecuentemente, no () pueden ser contradichos ni desconocidos por ella sin causa eficiente y suficiente y menos ignorados en sus implicancias como pretenden hacer las determinaciones de oficio luego dictadas en el marco de una segunda inspección.-

Que incluso de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada por la magistrado a quo, resulta que el Fisco no se encuentra impedido de revisar las conclusiones o producir nuevas inspecciones respecto de aspectos, conceptos o impuestos ya fiscalizados, pero como señaló el Tribunal tal facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria o como acto de mera voluntad, máxime existiendo un cierre de fiscalización apoyado en un informe final de inspección regularmente emitido y que da cuenta de los aspectos y elementos verificados, en tanto no se argumente y se acredite la concurrencia de fraude, dolo, evidentes errores de cálculo o de concepto.-

Que ese es el alcance del Art. 16 de la ley 11.683, citado en el fallo en crisis, y ninguna de esas razones ha estado presente, ni ha sido invocada ni acreditada por el Fisco para el dictado de una nueva orden de intervención, circunstancia que invalida el, pronunciamiento y que configura una contradicción con actos propios anteriores.-

En ese orden de ideas criticó también la conclusión de la sentenciante en el sentido de que se continuó con la primer inspección, afirmando que surge de las actuaciones que lo ocurrido fue una segunda inspección motivada en una nueva orden de intervención CE 0002, comunicada formalmente al contribuyente el 29/01/99.-

Señaló que la tesis fiscal está construida a partir de inferencias en base a indicios que no son propios de la actividad de su parte sino de terceros (sus proveedores) y que incluso cuando pudieron ser ubicados procedieron a ratificar la realidad de las operaciones reflejada en la documentación de soporte que el Fisco presume apócrifa.-

Al respecto, invocó la arbitrariedad de la sentencia que efectuó un examen meramente formal de la actividad fiscal sin considerar los argumentos expresados.-

Formuló reserva federal y solicitó se revoque la sentencia dejándose sin efecto las resoluciones impugnadas en la demanda, con costas a la accionada.-

IV.- A su turno el Fisco Nacional contestó los agravios de su contraria solicitando se los rechace con expresa imposición de los accesorios.-

En este estado quedan los autos para dictar sentencia.-

V.- Que en los términos en que fueron expuestos los agravios de la actora, corresponde precisar que surge de las actuaciones administrativas acompañadas a la causa, que el informe final de inspección emitido el 30 de noviembre de 1998 realizó la verificación formal de los libros IVA Compras y Ventas por el período 1996 y 1997, la documentación respaldatoria de las retenciones y percepciones, la circularización de proveedores y clientes del contribuyente y el análisis de las cuentas gastos. Del mismo modo se verificó la conducta del particular frente al impuesto a las ganancias, particularmente se seleccionaron proveedores por muestreo por el ejercicio 1997 para consultar la base Fisco Apoc, “facturas apócrifas”, no teniendo nada que objetar – ver fs. 240/245-

Los períodos bajo inspección fueron: por el impuesto a las ganancias ejercicio 1997;; impuesto al valor agregado junio de 1997 a mayo de 1998, y de julio de 1997 a junio 1998 por el Régimen de la Seguridad Social – fs. 240 administrativos-.-

Se desprende del mismo informe que los ajustes efectuados fueron regularizados mediante plan de facilidades de pago, cancelados en efectivo o incorporados al Régimen de Presentación Espontánea.-

Que mediante las resoluciones impugnadas en autos, se impugnaron las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 1996 y 1997, y las del valor agregado por los períodos fiscales abril de 1996 a mayo de 1998.-

VI.-En este contexto adquiere relevancia precisar que el contribuyente presentó en punto a los ajustes propuestos por la inspección O.I n° 903.295/9 declaraciones juradas rectificativas que los conformaron. En efecto, del cuerpo de ganancias surge que por ese impuesto período 1996, el ajuste arrojó la suma de $ 11.541,29 y la diferencia a favor de la Dirección fue de $ 1579,45 (fs. 110) monto que coincide con la rectificativa obrante a fs. 82 de tales actuaciones de fecha 26/11/98 -ver fs. 83-; del mismo modo a fs. 87 obra la presentación relativa al período 1997 por un saldo de $ 6063,65 igual al ajustado y también de fecha 26/11/98-ver fs. 110-.-

Por su parte, de los cuerpos IVA surge que la rectificativa por el ajuste del período 02/97 por $ 370,44 fue presentada el 26/11/98 (fs. 203/204), ese día y también por el ajuste propuesto se presentó la del período 04/97 ($ 218,94) fs. 207/08;; en las mismas condiciones se rectificaron y conformaron los ajustes por los períodos 05 a 12 de 1997, según las constancias de fs. 219/223, todas el 26/11/98.-

Asimismo, obran a fs. 184/198 (cuerpo IVA 1) las declaraciones relativas a los períodos 5/96, 7/96, 8/96 y 10 a 12/96, que arrojan las sumas ajustadas y presentadas también el 26/11/98.-

A fs. 88 del cuerpo ganancias y 222 del de IVA obra el acuse de recibo de la documentación por parte de la AFIP con sello de recepción del 26/1 1/98.-

Que tales ajustes habían sido determinados en forma cierta y regularizados por el contribuyente, tal como surge de fs. 237 del cuerpo IVA 2 y fs. 110 del de ganancias.-

VII.- Que las circunstancias expuestas evidencian la improcedencia de la determinación efectuada por los períodos mencionados, porque en los términos del art. 119 de la ley 11.683, se considera satisfecha la pretensión Fiscal si el organismo no impugna las declaraciones juradas rectificativas dentro de los 60 días corridos de presentadas.-

En el caso, la reinspección (sea que se la considere continuación de la primera o segunda intervención) se inició según lo indica el informe obrante a fs. 63 (cuerpo de revisión y recursos) con fecha 29/01/99, y los ajustes detectados por esa investigación, fueron notificados con el acta del 15/06/99 -, ver fs. 315 primer párrafo dictamen jurídico del 10/4/2002 cuerpo 2 del informe de determinación de oficio, fs.2/3 del cuerpo de impuesto a las ganancias CE 0002-. La vista a la que se refiere el art. 17 de la ley 11.683 se confirió con fecha 29/08/2001 y fue notificada el día 04/09/01 – vid. fs. 36 de las presentes –

Sobre el punto, el organismo fiscal ha interpretado que con el corrimiento de la vista al contribuyente – inicio de la determinación de oficio -se exterioriza la impugnación de la declaración jurada del período base (confr. Dictamen DAL 64/97 Boletín AFIP n° abril/98 pág. 718)

Ello así, la impugnación de las rectificativas se exteriorizó cuando el plazo de 60 días establecido en el art. 119 de la ley 11.683 había transcurrido holgadamente (aprox. 3 años).-

VIII.- De lo expuesto surge que por el plazo de caducidad establecido en la norma mencionada, el organismo fiscal carecía de facultades para determinar la obligación del contribuyente respecto de los impuestos y períodos por los que se presentaron las rectificativas mencionadas. Es que, las rectificativas sustituyen el acto determinativo, porque el art. 119 anteúltimo párrafo, establece que no será necesaria la determinación de oficio si los responsables presentan declaraciones juradas rectificativas que satisfagan la pretensión fiscal, lo que ocurrirá si tales declaraciones juradas rectificativas no fueran impugnadas dentro de los 60 (sesenta) días corridos contados desde la presentación.-

Lo expuesto es sin perjuicio de advertir que la pretensión fiscal hipotéticamente satisfecha mediante una mera presunción legal, a la que la norma coloca en idéntico lugar al de una determinación de oficio, en la cual no interviene la voluntad del Fisco, no podría en virtud de un impedimento de orden procesal, conllevar efectos más trascendentes que una resolución determinativa de oficio, a la que reemplaza. Ello, porque de las disposiciones contenidas en el artículo 19 de la ley procedimental, surge la posibilidad de su revisión, por las causales allí previstas DICT. (D.A.L.) 82/01 – 18/10/2001.-

Sin embargo, en el sub examine, lo cierto es que las resoluciones impugnadas no se han fundado en tales supuestos, evidenciando en consecuencia vicios en su motivación y procedimiento que las tornan nulas.-

IX.- Conviene agregar que, no se trata de cuestionar las facultades del organismo recaudador para revisar las liquidaciones o las actuaciones de los inspectores, ni de ignorar lo dispuesto sobre el punto por el art. 16 de la ley 11.683. Si no de advertir que el caso encuadra en el supuesto del art. 119 último párrafo de la norma, pues con las rectificativas se sustituye la determinación, superándose de esa forma la actuación de los empleados de la DGI.-

X.- Por lo demás, no puede dejar de señalarse que ni en las actuaciones administrativas ni en la instancia judicial el Fisco ha expresado o explicado las razones que justificaron la reinspección, ni mucho menos, el porque de las significativas diferencias detectadas entre el primer ajuste y el segundo, ambos efectuados por inspectores del organismo recaudador.-

Es que asiste razón a la recurrente cuando cuestiona el procedimiento llevado a cabo en la sede de la demandada, porque habiéndose notificado fehacientemente la finalización de la inspección como ocurrió con fecha 30 de noviembre de 1998, oportunidad en la que se le hizo saber que “deja de hallarse bajo fiscalización por parte de la administración federal” – vid. fs. 91-, la circunstancia de reanudarse el trámite sin expresión de motivos y de modificarse en la magnitud que surge de los informes de los inspectores los ajustes propuestos, evidentemente afecta su derecho de defensa colocándola en una situación de incertidumbre que no es propia de cómo debe conducirse la administración en su relación con el particular.-

Es evidente que la reinspección alteró sustancialmente las conclusiones de la primer investigación, lo que no está vedado a la administración de conformidad con los términos del art. 16 de la ley 11.683, pero habiendo el particular presentado las declaraciones rectificativas mencionadas conformando los ajustes propuestos en primer lugar, el procedimiento ulterior pretendió quitar de efectos esas actuaciones obviando lo establecido en el art. 119 de la misma ley.-

XI.- En consecuencia, corresponde hacer lugar a la apelación y revocar la sentencia dejando sin efecto las resoluciones impugnadas en autos en cuanto determinaron la obligación tributaria del contribuyente.-

XII.- Por último, en cuanto a la conexidad denunciada por la actora respecto de los autos “Pronto Rotulo SRL c/ DGI – Resol 187/02 188/02” expte. n° 141.427, cabe precisar que en esa causa se discute la aplicación de las multas impuestas a la recurrente en lo términos del art. 45 de la ley 11.683, con fundamento en la determinación de oficio aquí estudiada.-

Las resoluciones impugnadas en ese expte. y el sub examine son las mismas, sólo que allí se discute el aspecto relativo a la sanción. Así las cosas, corresponde recordar que existe conexidad en sentido procesal cuando dos o más pretensiones o peticiones tienen en común alguno de los elementos o se hallan vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas. En el segundo supuesto, puede hablarse de conexión meramente instrumental que determina el desplazamiento de la competencia en mérito a la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el materia fáctico y probatorio, también lo sea para conocer de las pretensiones o peticiones vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso (art. 6 del código de rito)

Se trata de procurar la aplicación de un mismo criterio en cuestiones vinculadas que tienen origen en los mismos hechos, por ello corresponde concentrar en un único tribunal, las causas relativas a un acto administrativo (en este sentido Sala II in re “Blasi Eduardo”‘ del 5/6/07, “Ledesma Pablo” del 10/04/07 entre otros)

En atención a lo debatido en los exptes. referidos, corresponde declarar la conexidad entre ellos. Ello así, aplicando analógicamente el principio de prevención establecido en el art. 189 de la ley adjetiva, y lo dispuesto por la resolución n° 16/97 de la Junta de Superintendencia de esta Cámara que dispone que, en los caos de causas conexas que han sido distribuidas a distintas Salas, corresponde asignarles a todas ellas la que primero fue sorteada para conocer sobre alguna de las pertenecientes a la familia de conexas, se decide que el expte. mencionado en el párrafo que antecede continúe su trámite ante este Tribunal.-

Es que, el expte. Nº 141.427, fue elevado a la Sala I del fuero con fecha 16/10/07 – conforme el cargo de fs. 116vta. del expte. que se tiene a la vista- mientras que las presentes fueron recibidas por este Tribunal con fecha 11/10/07 vid. fs. 242 vta.-

Como corolario, debe agregarse una copia de la presente en la causa mencionada y remitirse a la oficina de asignación del fueron para que deje constancia de la conexidad y de que el trámite continuará ante esta Sala en el sistema informático.-

Asimismo, hágase saber a la Sala I mediante oficio de estilo.-

XIII.- Por todo lo expuesto, el Tribunal Resuelve: 1°) Hacer lugar a la apelación de la actora y revocar el pronunciamiento recurrido dejando sin efecto los actos administrativos impugnados en cuanto determinaron la obligación tributaria de la actora, 2°) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N), 3°)Declarar la conexidad de las presentes con el expte. n° 141.247/02, ASI SE DECIDE.-

Se deja constancia que la vocalía V se encuentra vacante.-

Regístrese, notifíquese y líbrese el oficio ordenado. Hágase saber la vigencia de la acordada n° 4/07, oportunamente devuélvase

Fdo.: Dr. Carlos M. Grecco – Dra. Marta Herrera.//-

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: