Aborto. Denuncia médica. Inconstitucionalidad.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Sala VI, en fecha 4/6/2008 sostuvo:

“… No cabe duda que la aquí imputada concurrió a un centro médico como consecuencia de la fiebre, dolor y hemorragia que presentaba y que lejos estaba de su ánimo el poner en conocimiento de la autoridad policial el hecho por el cual su vida corría peligro y necesitaba inmediata asistencia. En tal sentido se ha dicho “Si una mujer busca auxilio médico porque se siente herida en su organismo, a veces con verdadero peligro de muerte, lo hace desesperada, acosada por la necesidad, forzada a ello contra su propia voluntad. Su presencia ante el profesional del arte de curar, para tratar el aborto, que si bien provocó, ahora no puede controlar, en sus últimas consecuencias, implica mostrar su cuerpo, descubrirse en su más íntimo secreto, confesar su delito, preguntarse si alguien tiene el derecho de burlarla, haciendo pública su conducta, violando con su secreto, otra vez la garantía constitucional, que enunciada en el art. 18 de nuestra Ley Suprema, establece de manera indubitable que nadie está obligado a declarar contra si mismo, y no podría negarse que en tales casos, la obligación es urgida por el derecho a vivir” (CCC, Sala IV, causa nro. 19.383, “Ferrara, Claudia” rta. 19/03/04 con cita del Fallo Plenario CCC “Natividad Frías”, rta. 26/8/1966, J.A. 1966, V, 69).

Así, el médico que atendió a V. B. L. en el mencionado hospital no tenía la obligación de denunciar a la autoridad policial la existencia de las maniobras abortivas, ya que había tomado conocimiento de ellas en el ejercicio de su profesión, correspondiendo, en consecuencia, el respeto del secreto profesional (art. 177, inc. 2do. del C.P.P.N.).  Si bien en ese momento entraron en conflicto por un lado el interés del Estado en determinar la existencia de las presuntas maniobras abortivas y de sus causantes, y por el otro, la garantía constitucional del derecho a la intimidad (art. 19 de la C.N.), lo cierto es que no se puede, violándose el secreto médico, tomarse esa manifestación como válida y autoincriminante y ser la “notitia crimis” que permitirá el avance de la causa. Menos aún que los primeros estudios practicados se conviertan en la principal prueba para acreditar las maniobras. Así las cosas, esta Sala entiende que el primer control jurisdiccional efectuado sobre la prueba así reunida, impone la inmediata aplicación de las reglas de exclusión por haber sido producto de una autoincriminación de la imputada en un estado de desesperación …”.

Buenos Aires, 04 de junio de 2008.//-

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I-) Llega el presente incidente a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 19/20 por la defensa de V. B. L. contra el auto de fs. 16/18vta. en cuanto dispone rechazar el planteo de nulidad articulado a fs. 1/6.

II-) El recurso interpuesto fue concedido por el magistrado interventor a fs. 21 y se mantuvo en esta instancia a fs. 26.

III-) La defensa oficial de L. solicitó la nulidad de todo lo actuado desde fs. 1 del principal, por cuanto a su criterio, las presentes actuaciones fueron iniciadas de manera irregular, instando en consecuencia el sobreseimiento de su ahijada procesal.

Señaló que la causa se inició en virtud de la denuncia incoada por el Dr. Ahmad Sabra MN 87070, médico del Hospital General de Agudos Francisco Santojanni, quien diera aviso a la prevención del ingreso al nosocomio de V. B. L., con fecha 21 de noviembre de 2007, para ser asistida debido a complicaciones ocasionadas por maniobras abortivas, todo lo cual invalida la instrucción (ver fs. 30/38).

IV-) Corrida que fue la vista de rigor al Sr. Fiscal General, por los argumentos de hecho y de derecho esbozados a fs. 27/29, solicitó que se revoque el auto impugnado con los alcances allí especificados.

V-) Llegado el momento de emitir un pronunciamiento, consideramos que la decisión puesta en crisis debe ser revocada.

En efecto, según surge de la compulsa de las presentes actuaciones (ver fs. 1/1vta.), el sumario se inició por la noticia que recibiera la prevención a través del profesional que atendiera y examinara a L. en el Hospital Santojanni de esta ciudad, sin que se haya verificado otra línea investigativa que permita tener por acreditado el hecho en forma autónoma.

Al respecto, esta Alzada ha sostenido con anterioridad, (c.n° 33.494 “Silva, Adriana”, rta. 23/10/07) que, “no puede instruirse sumario criminal en contra de una mujer que haya causado su propio aborto, o consentido en que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión o empleo -oficial o no- …”.

No cabe duda que la aquí imputada concurrió a un centro médico como consecuencia de la fiebre, dolor y hemorragia que presentaba y que lejos estaba de su ánimo el poner en conocimiento de la autoridad policial el hecho por el cual su vida corría peligro y necesitaba inmediata asistencia. En tal sentido se ha dicho “Si una mujer busca auxilio médico porque se siente herida en su organismo, a veces con verdadero peligro de muerte, lo hace desesperada, acosada por la necesidad, forzada a ello contra su propia voluntad. Su presencia ante el profesional del arte de curar, para tratar el aborto, que si bien provocó, ahora no puede controlar, en sus últimas consecuencias, implica mostrar su cuerpo, descubrirse en su más íntimo secreto, confesar su delito, preguntarse si alguien tiene el derecho de burlarla, haciendo pública su conducta, violando con su secreto, otra vez la garantía constitucional, que enunciada en el art. 18 de nuestra Ley Suprema, establece de manera indubitable que nadie está obligado a declarar contra si mismo, y no podría negarse que en tales casos, la obligación es urgida por el derecho a vivir” (CCC, Sala IV, causa nro. 19.383, “Ferrara, Claudia” rta. 19/03/04 con cita del Fallo Plenario CCC “Natividad Frías”, rta. 26/8/1966, J.A. 1966, V, 69).

Así, el médico que atendió a V. B. L. en el mencionado hospital no tenía la obligación de denunciar a la autoridad policial la existencia de las maniobras abortivas, ya que había tomado conocimiento de ellas en el ejercicio de su profesión, correspondiendo, en consecuencia, el respeto del secreto profesional (art. 177, inc. 2do. del C.P.P.N.).

Por lo expuesto, resulta claro que la persecución del delito que de ello pudiera desprenderse no podrá prosperar, ya que la averiguación de la verdad deberá verse desplazada ante la posible afectación de los derechos de raingambre constitucional que alcanzaban a L. al poner en conocimiento de un médico la situación que atravesaba.

Si bien en ese momento entraron en conflicto por un lado el interés del Estado en determinar la existencia de las presuntas maniobras abortivas y de sus causantes, y por el otro, la garantía constitucional del derecho a la intimidad (art. 19 de la C.N.), lo cierto es que no se puede, violándose el secreto médico, tomarse esa manifestación como válida y autoincriminante y ser la “notitia crimis” que permitirá el avance de la causa. Menos aún que los primeros estudios practicados se conviertan en la principal prueba para acreditar las maniobras.

Así las cosas, esta Sala entiende que el primer control jurisdiccional efectuado sobre la prueba así reunida, impone la inmediata aplicación de las reglas de exclusión por haber sido producto de una autoincriminación de la imputada en un estado de desesperación.

Estas disposiciones si bien no están expresamente previstas en nuestro catálogo procesal, surgen claramente de nuestra Carta Magna a través de los principios que garantizan el debido proceso y la defensa en juicio.

Por todo lo hasta aquí explicitado y en atención a que el origen de estas actuaciones presenta un vicio insubsanable, y no existiendo otros canales de investigación autónomos que permitan abordar el hecho que habría protagonizado L. y entendiendo plenamente vigentes los argumentos contenidos en la postura mayoritaria del fallo “Natividad Frías”, corresponde de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 166, 167 y 168 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, declarar la nulidad del acta de fs. 1/1vta. del principal y de todo lo actuado en consecuencia.

En virtud de ello, estimamos que resulta correcto adoptar un temperamento desincriminante respecto de la aquí imputada que ponga fin a su incertidumbre procesal, ya que el derecho a obtener una decisión judicial en un plazo razonable integra la garantía de defensa en juicio. Es por ello que a fin de resolver la situación procesal de V. B. L. se estará a su sobreseimiento.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

Revocar el auto de fs. 16/18vta. y declarar la nulidad del acta de fs. 1/1vta. de los autos principales y de todo lo actuado en consecuencia, y sobreseer a V. B. L., cuyos datos personales obran en autos, por el hecho que se le imputa en las presentes actuaciones (art. 336, inc. 5° del C.P.P.N.).

Se deja constancia que el Dr. Gustavo Bruzzone y el Dr. Julio Marcelo Lucini intervienen en la presente en su condición de jueces subrogantes de las vocalías nros. 11 y 7, respectivamente.

Notifíquese al Sr. Fiscal General. Oportunamente devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota.//-

Fdo.: Dr. Julio Marcelo Lucini – Dr. Gustavo A. Bruzzone – Dr. Luis María Bunge Campos

Ante mí: Andrea V. Rosciani – Prosecretaria de Cámara

One Comment on “Aborto. Denuncia médica. Inconstitucionalidad.

  1. Como medico que soy me averguenzo cotidianamente de mis colegas que no respetan la confidencialidad. Soy legista y he luchado siempre por el respeto a la individualidad, confidencialidad y respeto a las decisiones de los pacientes, en este y otros temas. Como asimismo la defensa irrestricta que debemos tener en la actividad pericial del mismo concepto, dado que hay un malentendido que pretende erigirnos en interrogadores e investigadores olvidando cual es nuestra funcion. Los saluda Gustavo Alejandro Games Aguilar
    Medico legista

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