Suspensión del Proceso Penal a prueba. Rechazo. Art. 10 de la ley 24.316.

El 5//6/2008 la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa “Piaskowski, Rosa Regina s/ recurso de casación”, se ha establecido que el art. 10 de la ley 24.316 establece que “Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771” (actual ley 24.316). Así, se estableció que la exclusión realizada por el citado artículo de no “alterar” regímenes especiales, debe ser interpretada en el sentido que la inaplicabilidad de dicha normativa se da para todos los supuestos previstos en esos cuerpos legales.Es que la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316, debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Código Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación del artículo 76 bis es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria. (ver. Sala II C.N.C.P. causa nº 1688 “Pardo García, Héctor s/recurso de casación” reg. nº 2135 del 11/8/98) … la facultad para solicitar la “probation” caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación y que una interpretación más amplia resultaría incompatible con el texto de la ley 24.316, la que ha creado un sistema de suspensión de juicio, y no de la sentencia …”.

El fallo establece:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio del año dos mil ocho, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Ángela E. Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de resolver en la causa nº 8968, caratulada “Piaskowski, Rosa Regina s/recurso de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler, de la Dra. Laura Gutiérrez Babsia como apoderada de la querella -A.F.I.P- y del Dr. Raúl Álvaro Landini por la defensa de la imputada.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Tragant, Riggi, Ledesma.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez Dr. Guillermo José Tragant dijo:

PRIMERO:

Que llega el expediente a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 47/62 por la querella, contra la decisión del Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 2 de esta Ciudad que resolvió: (1) SUSPENDER el presente juicio promovido contra Rosa Regina PIASKOWSKI por el delito previsto en el art. 9 de la ley 24.769 por el término de DOS (2) AÑOS. SIN COSTAS…3) DECLARAR razonable el monto ofrecido en concepto de reparación del daño ocasionado al Fisco Nacional.

Que concedido por el a quo el remedio intentado mediante decisorio de fs.64/64vta., la impugnación fue mantenida en esta instancia extraordinaria según surge del escrito glosado a fs. 75.

Puestos los autos en Secretaría por el término de diez días, a los efectos de los artículos 465 primera parte, y 466 del ordenamiento ritual, ninguna de las partes hizo uso del derecho a ampliar fundamentos del recurso.

Finalmente, habiéndose celebrado la audiencia prevista por el artículo 468 del código de forma, según constancia actuarial de fs. 92 y previa agregación de las breves notas presentadas por la defensa (fs. 87/89) y por la querella (fs. 90/91vta.), el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

La impugnante encarrila su recurso en el motivo de casación previsto en el artículo 456 inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer término estima que el Tribunal aplicó en forma incorrecta el beneficio establecido en el art. 76 bis del Código Penal, sin tener en cuenta que el máximo de pena previsto para el delito que se le imputara a Piaskowki es de 6 años (art. 9 de la ley 24.769).

Manifiesta que según surge de los dos primeros párrafos del art. 76 bis del C.P., el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba, requisitos que aduce no se dan en el presente caso.

Por ello, teniendo en cuenta la calificación legal adoptada en el requerimiento de elevación a juicio, y el máximo de pena previsto en el tipo penal en cuestión, el que en abstracto es superior a tres años, el beneficio es inaplicable a este tipo de delitos y que esta postura fue sostenida por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario “Kosuta”, la que es obligatoria para todos los Tribunales inferiores de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10 de la ley 24.050.

En ese orden de ideas cita jurisprudencia de esta Cámara, entre otros causa nº 4849 “Miraldi, Roque Luis s/recurso de queja” reg. nº 3748 del 19/06/03 en el que se sostuvo que “No procede la suspensión del juicio a prueba en el caso en que se ha decidido la elevación a juicio de un hecho calificado como apropiación indebido de tributo, ya que la pena máxima excede de tres años de prisión”, en el mismo sentido causas nº 3075 (Maldonado, Eduardo s/recurso de queja( reg. nº 3748 del 11/09/00 y nº 3378 (Ganem, Claudia Miriam s/recurso de casación reg. nº 480/01 del 10/08/01.

Asimismo, el recurrente adhiere a los fundamentos vertidos por el Dr. Losada en cuanto a “la suspensión de juicio a prueba solicitada a fs. 1 y vta. es manifiestamente improcedente. En primer término, por haberse deducido extemporáneamente. Y, en segundo término, por cuanto el delito por el cual viene requerido la imputada Rosa Regina Piaskowski -art. 9 de la ley 24769- posee una escala penal que excede en su máximo el plazo de tres años aludido en el art. 76 bis del Código Penal.”.

Por otra parte, estima que el Tribunal realizó una desacertada interpretación en lo que respecta a la aplicación del artículo 10 de la ley 24.316, ya que se desprende claramente de ella que no resulta aplicable la probation a los delitos previstos en la ley 27.771.

En apoyo a su postura transcribe un fallo de esta Cámara en el que se sostuvo que “Tampoco obsta a la aplicación de este instituto lo indicado en el art. 10 de la ley 24.316, ya que dicha norma sólo establece que sus disposiciones no alterarán los regímenes especiales de la ley 23.771, los que permanecen invariable. Resulta claro, de una interpretación armónica de ambas reglas, que el justiciable podrá optar entre uno u otro modo de extinguir la acción, teniendo presente que en el caso previsto en el art. 76 bis del Código Penal, la AFIP tendrá expedita la vía civil para el cobro de sus acreencias en caso de considerar insuficiente la oferta realizadas por el imputado…”.

En el mismo sentido, cita doctrina de D´Albora el que expresó que “En atención a los delitos impositivos tienen su propio régimen extintivo (art. 14 de la ley 23.771), el sistema de suspensión de juicio a prueba no es aplicable; el art. 10 de la ley 24.316 establece la inalterabilidad de las regulaciones de las leyes 23.771 y 23.737 y asegura la prevalencia de la norma especial -en el caso, el art. 14 de la ley Penal Tributaria -respecto del art. 76bis, CP.”.

Por último, manifiesta que el Fisco tiene un procedimiento especial para la determinación y cobro de la deuda tributaria, regulado por la ley 11.683 el que incumplido, acarrea la violación del derecho de defensa del contribuyente, y siendo la figura del actor civil extraño al Organismo Recaudador, el cual debe seguir un procedimiento propio, es claro que la estructura establecida en el artículo 76bis del Código Penal, no es aplicable a delitos tributarios.

Por todo lo expuesto entiende que no es aplicable al caso el instituto previsto en el citado artículo.

TERCERO:

Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, primeramente debo recordar que en las presentes actuaciones se le imputa a Rosa Regina Piaskowski el delito previsto en el art. 9 de la ley 24.769 es decir, “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, en calidad de autora (conf. surge del requerimiento de elevación a juicio transcripto a fs. 35).

Al respecto, debo señalar que el artículo 10 establece que “Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771” (actual ley 24.316).

Que la exclusión realizada por el citado artículo de no “alterar” regímenes especiales, debe ser interpretada en el sentido que la inaplicabilidad de dicha normativa se da para todos los supuestos previstos en esos cuerpos legales.

Es que según el Diccionario de la lengua española, el vocablo “alterar” significa, en su primera acepción, cambiar la esencia o forma de una cosa (Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Madrid 1992), esa y no otra debe ser en mi sentir la interpretación de la ley.

Que en especial relación al artículo 16 de la ley 24.769, advierto que la misma se fundamenta en regímenes especiales de extinción de la acción, inspirada en criterios valorativos y principios jurídicos que difieren sustancialmente de los que informan el instituto de la suspensión de juicio a prueba (cfr. mutatis mutandi causa nº 1510 “Córdoba Grande, Jorge Antonio s/recurso de casación”, reg. nº 189/98 del 15/5/98).

Es que la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316, debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Código Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación del artículo 76 bis es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria. (ver. Sala II C.N.C.P. causa nº 1688 “Pardo García, Héctor s/recurso de casación” reg. nº 2135 del 11/8/98).

Siendo ello así, estimo que no correspondía otorgársele el beneficio a Rosa Regina Piaskowski, y por tanto propongo en este sentido hacer lugar al recurso de casación de la querella.

CUARTO:

Sin perjuicio de ello, advierto una circunstancia adicional que también me lleva a propiciar igual solución y se relaciona con el momento en que el pedido fue concretado.

En efecto, la defensa de la imputada solicitó la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba con posterioridad a la fijación de la audiencia de debate por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 2 (cfr. informe agregado a fs. 93).

Que en relación a ello tiene dicho esta Sala que la facultad para solicitar la “probation” caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación y que una interpretación más amplia resultaría incompatible con el texto de la ley 24.316, la que ha creado un sistema de suspensión de juicio, y no de la sentencia. (cfr. causa nº 2561 “Valles, Carlos Maximiliano s/rec. de queja”, reg. nº 259/00 del 17/5/00 y nº 3507 “Zamora, Claudio Daniel s/rec. de casación”, reg. nº 476/01 del 9/8/01).

De forma similar, se han expedido la Sala I (causa nº 632 “Botto, Nelo Alfio”, reg. nº 928/96 del 20/2/96 y nº 3186 “Fittipaldi, Diego Fabián s/rec. de casación”, reg. nº 3839/00 del 13/10/00), Sala II (causas nº 718 “García, Guillermo Ángel s/rec. de casación”, reg. nº 1134/96 del 8/11/96 y nº 2379 “Yáñez, José Alberto s/rec. de casación”, reg. nº 3145/00 del 16/3/00), Sala IV (causa nº 1882 “Francia, Alejandro Rubén s/rec. de casación”, reg. nº 2852/00 del 3/10/00).

En virtud de lo expuesto, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querella sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 35/42 debiendo remitirse las actuaciones al Tribunal de origen a fin de que se concrete el debate oral y público suspendido.

El señor juez Dr. Eduardo Rafael Riggi dijo:

Que adherimos a la solución propuesta por el doctor Guillermo J. Tragant en su voto, y en consecuencia, emitimos el nuestro en idéntico sentido.

Sólo hemos de agregar que, en atención a la escala penal -dos a diez años de prisión-, del delito previsto en el artículo 865 inciso “f” del Código Aduanero que se le imputa al encausado -“…en su versión anterior a la sanción de la ley 25.986…” por aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa-, resulta de aplicación obligatoria al caso la doctrina fijada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario nº 5 “Kosuta, Teresa Ramona” del 17 de agosto de 1999 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 24050 sobre cuya constitucionalidad nos hemos pronunciado al votar en las causas nº 5455 “Layún, Martín Alejandro s/recurso de casación” (reg. 414/05 del 28/5/05) y nº 6387 “Gálvez, Gastón y otro s/recurso de casación” (reg. 201/06 del 22/3/06).

La señora juez Ángela Ester Ledesma dijo:

Sellada que se encuentra la suerte de este recurso, he de disentir con la solución propuesta por la voz que lidera este acuerdo por las razones que a continuación se detallan.

Que la ley 24316, que regula el procedimiento de suspensión de juicio a prueba, dispuso en su art. 10º que “Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las Leyes 23.771”. Al mismo tiempo, la ley 23.771 fue sustituida por la 24.769, en la que subsiste la extinción de la acción penal en el caso que “el obligado acepta la liquidación o en su caso la determinación realizada por el órgano recaudador, regulariza y paga el monto de la misma en forma incondicional y total, antes de formularse el requerimiento fiscal de elevación de las actuaciones a juicio” (art. 16).

De los textos de las leyes 24.316 y 24.769 no surge que se encuentre prohibida la aplicación de la suspensión del juicio a prueba para ninguno de los supuestos previstos en la actual ley penal tributaria ni en la anterior (en igual sentido se han expedido Riquert, Marcelo Alfredo; Temas de Derecho Penal; ed. Suárez, Mar del Plata, 1997, pág. 209; Devoto, Eleonora; Probation e institutos análogos; 2a. ed; Hammurabi; 2005; pág. 107), sino que únicamente se aclara que ello no es óbice para que la acción penal se extinga en el supuesto mencionado en el párrafo que antecede.

Al respecto, Eleonora Devoto refiere que “ante la ley vigente y sin soslayar los principios rectores en la interpretación de la ley penal, estos institutos “específicos” deben sumar y no restar”(op. cit; 105). Este ha sido el criterio sostenido por la CSJN, en lo que se refiere a los ejes interpretativos que rigen en la materia, al expresar que “Pero la observancia de estas reglas generales no agotan la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (CSJN A. 2186 XLI, “Recurso de hecho, Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14.1- párrafo ley 23.737 -causa nro. 28/05- rta.23/4/08 considerando 6)

Asimismo, advierte que “aun cuando la mayoría de la doctrina haya entendido históricamente que tales institutos resultaban ser una especie de “probation específica”, no es así en la mayoría de los casos. Aparecen esenciales diferencias tales como, por ejemplo, la implicancia de la declaración de culpabilidad o la ausencia de reglas de conducta inherentes al régimen especial. De tal modo se sortearían aquellos criterios que entienden que ante una suspensión del trámite previsto por la normativa especial no es posible aplicar aquella establecida en orden general. En este punto, consideramos necesario especificar que no cualquier suspensión del trámite guarda similitud con el instituto de nuestro análisis central” (op. cit.; pág. 105).

Por lo demás, entiendo que no puede efectuarse una interpretación analógica, a efectos de concluir que este tipo de delitos se encuentre excluido del beneficio en cuestión, ya que no hay una previsión expresa que establezca la prohibición. De lo contrario se vulneraría el principio de legalidad previsto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.

De conformidad con lo expuesto, interpreto que los ilícitos previstos en la ley 24.769 no se encuentran excluidos del beneficio en cuestión.

Tampoco comparto el criterio vertido por el Dr. Tragant en el considerando cuarto, en cuanto a que la suspensión del juicio a prueba sólo puede solicitarse hasta vencer el plazo previsto en el art. 354 del C.P.P.N., pues si bien aquella limitación pretoriana pretende evitar un dispendio jurisdiccional innecesario por parte de los tribunales, no puede operar como obstáculo para conceder aquél instituto (en igual sentido me expedí al votar en la causa nro. 7120, “Brusauro, Ezequiel Omar s/ rec. de casación”, reg. nro. 1481/06, rta. el 30/11/06).

Así mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 42/62 por la querella, contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 2 de esta ciudad, SIN COSTAS, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 35/42 debiendo remitirse las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se concrete el debate oral y público suspendido (arts. 465 inc. 1, 470 a contrario sensu, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Fdo.: Dr. Guillermo J. Tragant – Dra. Ángela E. Ledesma

Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin – Secretaria de Cámara.

NOTA: Se deja constancia que el señor Juez, Dr. Eduardo Rafael Riggi, participó de la deliberación, emitió su voto y no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (arts. 399 in fine C.P.P.N.).

 

 

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