SOCIEDADES. NULIDADES ASAMBLEARIAS.

FALLO “TONON MIGUEL ANGEL C/ TELMAN S.A. y otros s/ sumarísimo”. CNCOM – SALA A – FECHA 14/12/2010.

Conforme se desprende de la demanda entablada en autos, el recurrente relató que fue sustituido en su carácter de accionista por una persona -que según sus dichos- se habría apoderado ilegítimamente de la titularidad del cincuenta (50) % de sus acciones (…). Pues bien, en ese marco argumental, el vicio atribuido al acto asambleario llevado a cabo en junio de 20oo es susceptible de ser encuadrado dentro de los supuestos de nulidad absoluta contemplados por el art. 1.047 Código Civil, dado que, en el caso, los motivos que determinarían la pretendida nulidad de las decisiones asamblearias allí adoptadas, radicarían desde ya en infracciones a las normas sobre quórum y mayorías, supuestos que son susceptibles de dar lugar a hipótesis de nulidad absoluta en los términos de la normativa antes citada; máxime cuando el conflicto lo ha centrado el quejoso en una presunta apropiación de su participación en la sociedad.

El texto completo establece:

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010.//-

Y VISTOS:

1.)) Apeló la parte actora la decisión de fs. 545/547que hizo lugar al planteo de caducidad de la acción de impugnación por nulidad de las decisiones asamblearias adoptadas en el seno de la sociedad Telman S.A el día 08.06.00, imponiendo las costas a su cargo.-
La juez sostuvo que estaría fuera de duda que la promoción de esta acción, que data del 13.11.00, había excedido el plazo trimestral previsto en el art. 251, L.S.C. y que la mera imputación de resultar determinada asamblea nula de “nulidad absoluta” no bastaría para eludir el plazo de caducidad establecido por el ordenamiento legal societario. Expuso en esa línea argumental que el intento del accionante de impugnar -sin éxito- la convocatoria judicial asamblearia que fuera ordenada en los autos “Druetta Daniel Eduardo y otros c/ Telman S.A s. sumarísimo” -que tramitara por ante el Juzgado del Fuero N° 4, Sec. N°7-, no () sería idóneo para interrumpir el plazo de caducidad, en virtud de la doctrina sentada en el fallo plenario “Giallombardo”, del 09.3.07.-
Los fundamentos -incontestados- de la apelación obran desarrollados a fs. 579/591.-

2.) El accionante se quejó de lo resuelto sosteniendo, en primer lugar, que la juez se había expedido en forma sorpresiva en tanto la causa aún se encontraba en plena etapa probatoria. Indicó que de la simple lectura de su demanda surgiría el carácter absoluto de la nulidad incoada contra las decisiones sociales adoptadas en la asamblea ordinaria y extraordinaria del 08.06.00. Adujo que en el mentado acto asambleario habría sido -según dijo- despojado ilegítimamente de sus acciones por el co-demandado Carlos Santia, quien invocó en su favor títulos cuya validez y oponibilidad desconoce.-
Desde tal óptica, el recurrente señaló que la mentada asamblea se llevó a cabo con títulos inválidos y con un accionista que no lo era, extremos que pondrían en evidencia el carácter absoluto de su planteo nulificatorio (cfr. arg. art.1.047 del Cód. Civil).-
Expuso su discrepancia con el criterio de la juzgadora que restó toda virtualidad a la impugnación que entablara en el expediente que tramitara por ante el Juzgado del Fuero N° 4.-

3.) Sentado todo lo anterior, cabe tratar en primer lugar si el vicio atribuido al acto impugnado es susceptible de ser encuadrado dentro de los supuestos de nulidad absoluta contemplados por el art. 1.047 del Cód. Civil, de modo de que se verifique una excepción a la caducidad del plazo previsto por el art. 251 LSC dentro del marco legal que resulta aplicable al caso.-
En primer lugar, apúntase que el art. 251 L.S.C dispone que toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada, debiendo promoverse la acción dentro de los tres (3) meses de clausurada la asamblea.-
La doctrina plenaria sentada por este Tribunal, en pleno, in re: “Giallombardo, Dante Néstor c. Arredamenti Italiani S.A s. ordinario”, del 09.03.07, resulta clara en el sentido de que el aludido plazo trimestral establecido por la ley de sociedades es de caducidad y no de prescripción, existiendo convicción (al menos fuertemente mayoritaria) de que su término no puede suspenderse ni interrumpirse. Asimismo, se dejó aclarado en los votos de los Vocales de esta Sala Doctores Uzal y Kölliker Frers que la resolución de asamblea de una sociedad anónima sólo llegaría a ser impugnable fuera del término del art. 251 LSC, por aplicación de los arts. 18 y 1.047 del Cód. Civil, cuando: 1) el vicio de la resolución fuera calificable como de nulidad absoluta, y/o cuando 2) lo resuelto lesionara el orden publico (cfr. en el mismo sentido: esta CNCom., Sala C, in re: “Fabrica Central de Oxígen s. quiebra s. inc. de nulidad de asamblea”, del 26.02.86;; ídem, Sala E, “Larocca, Domingo Antonio c. Argentina Citurs s. sumario”, del 23-05.89; ídem Sala D, In re: “Abrecht Pablo c/ Cacique Camping SA s. sumario” del 01.03.96, etc).-
De otro lado, cabe recordar que, de acuerdo con los intereses afectados, las nulidades son absolutas o relativas, siendo lo primero cuando lo afectado es el orden público, conjunto de principios eminentes -religiosos, morales, políticos y económicos- a los cuales se vincula la estructura del ordenamiento jurídico (véase en esta línea: Llambías Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, págs. 151 y ss). Por su lado, Halperín señala, ya en el plano de lo estrictamente societario, que las nulidades en este ámbito son absolutas cuando se afectan normas de orden público o derechos inderogables de los accionistas (Halperin, Sociedades Anónimas, pág 760 y ss).-
Así las cosas en supuestos de nulidad absoluta, ésta es imprescriptible e inconfirmable; mientras que las nulidades relativas, en cambio, sólo pueden alegarlas aquellos en cuyo beneficio las establece la ley (art. 1.048, Cód. Civil), y son prescriptibles y confirmables.-
En este sentido, pues, cuando el sistema de nulidades adoptado por el Código Civil -aplicable al régimen societario- contrapone los actos de nulidad absoluta a los de nulidad relativa, el criterio de distinción entre ambas categorías reside en la transgresión del orden público: mientras que la nulidad absoluta importa una sanción de invalidez más rigurosa en tanto afecta a los actos que pugnan con el orden público, la nulidad relativa constituye un grado más benigno de la sanción que alcanza a los actos inválidos que por entrar en conflicto con el orden público son reprobados por la ley en resguardo de un interés particular (Cfr. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Parte General, T° II, P. 598 y ss; Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Parte General” T.II, p. 412).-
Tampoco debe efectuarse una identificación dogmática y categórica de “nulidad absoluta” con “atentado al orden público”, y “nulidad relativa” con “ausencia de relación a dicho orden”, pues podría incurrirse en ciertos errores de apreciación, dado que hay normas de orden público (vrg., las que establecen la capacidad e incapacidad de las personas) que dan lugar a la nulidad relativa, pues el punto de mira es el derecho protegido (en este caso el del incapaz, no el de la sociedad en su conjunto). Ello así, el examen del fundamento y fin de la particular disposición legal es el que permite señalar si el acto está afectado de nulidad absoluta o de nulidad relativa (Cfr. Belluscio Augusto “Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado, T V, p. 687).-
Deben desprenderse de esta caracterización los efectos distintivos de los diferentes actos. En efecto, si media en la cuestión una razón de interés público o social, de carácter general, la nulidad absoluta puede ser pedida por cualquier interesado, en salvaguarda de la moral o de la ley, inclusive, puede y debe ser declarada de oficio cuando aparece manifiesta en el acto (CCI. 1.047). Por el contrario, la nulidad relativa no puede ser declarada sino a pedido de aquellos en cuyo beneficio la hubiera establecido la ley (art. 1.048 Cód. Civil). Desde tal perspectiva, el acto que adolece de nulidad absoluta no es susceptible de confirmación (art. 1.047, in fine), de allí que la acción que persigue su declaración sea considerada imprescriptible, mientras que en el que sólo está viciado de nulidad relativa es confirmadle, toda vez que la sanción está prevista sólo en interés de la partes, las que no obstante la existencia del vicio, pueden mantener su vigencia (art. 1.058).-
A esta altura, queda claro, que el art. 251 dela LSC no abarca las nulidades absolutas en las que está afectado el orden público, sino sólo las relativas (véase Halperin, Sociedad Anónimas, v. fs. 761 y ss).-

4.) Conforme se desprende de la demanda entablada en autos, el recurrente relató que fue sustituido en su carácter de accionista por una persona -que según sus dichos- se habría apoderado ilegítimamente de la titularidad del cincuenta (50) % de sus acciones (véase fs. 21/27). Pues bien, en ese marco argumental, el vicio atribuido al acto asambleario llevado a cabo el 08.06.00 es susceptible de ser encuadrado dentro de los supuestos de nulidad absoluta contemplados por el art. 1.047 Código Civil, dado que, en el caso, los motivos que determinarían la pretendida nulidad de las decisiones asamblearias allí adoptadas, radicarían desde ya en infracciones a las normas sobre quórum y mayorías, supuestos que son susceptibles de dar lugar a hipótesis de nulidad absoluta en los términos de la normativa antes citada; máxime cuando el conflicto lo ha centrado el quejoso en una presunta apropiación de su participación en la sociedad. Así las cosas, no cupo rechazar esta acción, como lo hizo la juzgadora, con fundamento en haberse operado, a su respecto, la caducidad del art. 251, LSC, lo cual no es aplicable en supuestos de nulidad absoluta como el que aquí se trataría (cfr. arg. esta CNCom., Sala C., in re: “Clavet Francisco c/ Citadella s. sumario”, del 19.7.96).-
En efecto, obsérvase que el actor, en su relato, señaló que desde la primera asamblea celebrada el 02.12.93 y en todas las demás realizadas, participó votando con su tenencia accionaria hasta la asamblea ordinaria y extraordinaria convocada judicialmente en los autos “Druetta Daniel Eduardo y otros c/ Telman S.A. s/ sumarísimo”, donde el funcionario designado por el juzgado para presidirla la consideró constituída con el ciento por ciento del capital social a cargo de los co-demandados Druetta y Santia, dejando a salvo que el aquí recurrente había impugnado el acto sobre la base de que aquéllos títulos no serían auténticos ni constituirían las acciones originales (véanse fs. 163/166 de la causa supra citada). Así las cosas, y sin perjuicio de la suerte que en definitiva tendrá esta acción, lo cierto es que el planteo impetrado predica en sostener presuntas maniobras dolosas en la obtención de la mayoría, de modo que, la situación debe encuadrarse, se reitera, en el marco regulatorio del art. 1.047 del CCiv., no confirmable e imprescriptible. ( Sasot Betes -Sasot “Sociedades Anónimas. Las Asambleas”, pág. 589 y ss;; Halperin Isaac- Otaegui Julio “Sociedades Anónimas”, págs 785/788).-
Así las cosas, habida cuenta que el plazo del art. 251 L.S.C no es aplicable en la especie en tanto la demandada se basa en la existencia de un acto societario nulo de “nulidad absoluta”, habrá de admitirse el agravio ensayado en este aspecto.-

5.) Finalmente, respecto al intento de la actora de replantear, en esta instancia, una cuestión en materia probatoria que fue denegada por la a quo (art. 379, CPCC, ver fs.541) y que dio lugar a la interposición de un recurso de queja rechazado por esta Sala (véase pronunciamiento del 29.04.10, fs. 566), es dable señalar, a resultas del contexto descripto, que, ante la inexistencia de recurso en el asunto, nada cabe decidir a este Tribunal, pues su actuación se encuentra enmarcada dentro de la esfera subyacente delimitada por el contenido de una apelación.-

6.) Por todo lo hasta aquí expuesto, esta Sala RESUELVE:

a) Admitir el recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio. Las costas de la anterior instancia se imponen en el orden causado, atento el derecho con que pudieron creerse los co-accionados para actuar como lo hicieron (art. 68, párr.2do, CPCC).-
b) Rechazar el replanteo de prueba en virtud de lo que se desprende del considerando 5.).-
c) No imponer costas de Alzada por falta de contradictorio.-

Devuélvanse a la anterior instancia, encomendándose a la Sra. Juez a quo practicar las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. La Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse excusada (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).//-

A %d blogueros les gusta esto: