PLENARIO CÁMARA DE CASACIÓN: “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación”

En el presente Plenario de fecha 30/10/2008 se fijó la siguiente doctrina: no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal.

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Suspensión del Proceso Penal a prueba. Rechazo. Art. 10 de la ley 24.316.

El 5//6/2008 la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa “Piaskowski, Rosa Regina s/ recurso de casación”, se ha establecido que el art. 10 de la ley 24.316 establece que “Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771” (actual ley 24.316). Así, se estableció que la exclusión realizada por el citado artículo de no “alterar” regímenes especiales, debe ser interpretada en el sentido que la inaplicabilidad de dicha normativa se da para todos los supuestos previstos en esos cuerpos legales.Es que la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316, debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Código Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación del artículo 76 bis es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria. (ver. Sala II C.N.C.P. causa nº 1688 “Pardo García, Héctor s/recurso de casación” reg. nº 2135 del 11/8/98) … la facultad para solicitar la “probation” caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación y que una interpretación más amplia resultaría incompatible con el texto de la ley 24.316, la que ha creado un sistema de suspensión de juicio, y no de la sentencia …”.

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Ley PBA Nº 13.892. Modificatoria de la ley 12.256. Código de Ejecución Penal.

Mediante Ley Nº 13.892 (B.O. PBA 18-11-2008) se modificó el artículo 73 del Código de Ejecución Penal. Así se ha establecido que:

ARTÍCULO 1. Modifícase el artículo 73 de la Ley N° 12.256 -Código de Ejecución Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 73: El movimiento y distribución de los procesados corresponderá al Servicio Penitenciario con comunicación al Juez competente. Para el caso de deceso de un procesado, deberá comunicarlo de manera fehaciente al Juez competente dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, acompañando copia autenticada del respectivo certificado de defunción.”

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de octubre del año 2008.

Alcance del término Reincidencia. Cómputo de la pena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en causa “Mannini, Andrés Sebastián” (C. Nª 12.678) de fecha 17/10/2007, estableció que el artículo 50 del Código Penal no ofrece mayor dificultad hermenéutica, pues establece que habrá reincidencia en tanto quién recaiga en el delito haya cumplido “pena” anterior, total o parcialmente.

Por ello en uno de sus considerandos ha establecido:  “… al extender el concepto de “pena” a encierros de diversa ratio a los fines del artículo 50 del Código Penal, los tribunales de la causa han prescindido sin razón valedera de la letra de la ley, consagrando una exégesis irrazonable del texto legal (Fallos: 310:799 y 2091; 315:1604; 325:1571; 326:4515; entre otros) que, por cierto, se aparta de los precedentes de Fallos: 308:1938; 311:1209 y 311:1451, a cuya doctrina los jueces deben conformar sus decisiones (Fallos: 311:1644; 312:2007; 315:2386; 324:2379 …”.

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Estupefacientes. Requisitos para establecer su ilicitud.

La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III en causa “Guaymas, Julio Daniel y Fierro Yapura, Fabián Alejandro s/rec. de casación” de fecha  7/2/2008El se falló que la ley sólo exige como requisito para ver potencialmente vulnerado el bien jurídico tutelado, que se establezca la posibilidad de que la sustancia produzca dependencia física o psíquica. Asimismo, se señaló que el Art. 77 del Código Penal para considerar “estupefaciente” a una sustancia, no contempla otro requisito más que ésta se encuentre incluida en las listas que periódicamente elabora la autoridad sanitaria.
En esta causa también se ha sostenido: “…  no se encuentra acreditado con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere la materialidad del hecho. La sustancia estupefaciente secuestrada -presupuesto de tipicidad de la conducta ilícita imputada a Guaymás y Fierro Yapura -no reúne las exigencias del art. 77 del CP y del art. 40 de la ley 23.737, dado que las normas de mención requieren para que se trate de “estupefaciente”, la acreditación de dos extremos, a saber: Que la sustancia se encuentre incluida dentro de las listas elaboradas por la autoridad competente y que posea aptitud para crear dependencia psíquica o física en las personas. En autos, la falta de cuantificación de sus componentes psicoactivos, imposibilita acreditar la capacidad de la misma para producir efectos tóxicos …”.

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Acordada 29/2008. Permiso deDifusión Radial y Televisiva en Juicios Orales.

Mediante Acordada 29/2008, (B.O. 04-11-2008) la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorga permiso de Difusión radial y televisiva en Juicios Orales. Por ello ACORDARON:

I) En los juicios orales el tribunal a cargo de las actuaciones permitirá la difusión radial y televisiva de los siguientes actos:

a) Actos iniciales del juicio (artículos 374 y 378 del Código Procesal Penal de la Nación)

b) Discusión final: los alegatos (artículo 393 del Código Procesal Penal de Nación)

c) Lectura de la sentencia, en su parte dispositiva y fundamentos (artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación)

II) El Tribunal podrá establecer las limitaciones que estime necesarias en ejercicio de las facultades ordenatorias del proceso y atendiendo a las particularidades del caso.

III) La cobertura periodística se ajustará a las siguientes reglas:

a) Los medios de comunicación que tengan la intención de efectuar la cobertura de un juicio oral deberán solicitar la acreditación correspondiente ante el tribunal a cargo del proceso. No se permitirá el acceso al recinto, durante el juicio de los periodistas no acreditados.

b) Los periodistas acreditados deberán respetar las normas adecuadas de ingreso y permanencia que establezca el tribunal para el público en general.

c) El periodista que ingrese en la sala se compromete a asistir en carácter de oyente, a ocupar exclusivamente el sector destinado a la prensa y a no interferir en el desarrollo del juicio oral (art. 369 del Código Procesal Penal de la Nación).

d) La ubicación de las cámaras de televisión y de los reporteros gráficos para realizar la cobertura de las instancias del proceso permitidas, será determinada por el tribunal, que arbitrará, en la medida de sus posibilidades, los medios necesarios (físicos y técnicos) para garantizar el mejor registro de imágenes posible, teniendo en cuenta que su disposición en la sala no interfiera con el desarrollo del juicio.

e) Las consultas, entrevistas o preguntas a las partes no podrán realizarse dentro del ámbito del tribunal. Se asignará, cuando fuera posible, un espacio específico para este fin.

f) El tribunal requerirá a un medio televisivo local o nacional, preferentemente público, la toma de imágenes para su posterior distribución entre las emisoras televisivas que cubran el proceso y que no pudieran ingresar a la sala de audiencias por insuficiencia del espacio físico destinado a esa finalidad.

g) Los medios periodísticos, tanto gráficos como audiovisuales, no podrán tomar registros de audio o de imágenes durante la etapa de prueba, ni de los testimonios, ni de las pericias.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se publicase en el Boletín Oficial, se comunicase en la página web del Tribunal y en la página http://www.cij.csjn.gov.ar, y registrase en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Enrique S. Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni. — Elena Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Héctor Daniel Marchi.

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