Aborto. Denuncia médica. Inconstitucionalidad.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Sala VI, en fecha 4/6/2008 sostuvo:

“… No cabe duda que la aquí imputada concurrió a un centro médico como consecuencia de la fiebre, dolor y hemorragia que presentaba y que lejos estaba de su ánimo el poner en conocimiento de la autoridad policial el hecho por el cual su vida corría peligro y necesitaba inmediata asistencia. En tal sentido se ha dicho “Si una mujer busca auxilio médico porque se siente herida en su organismo, a veces con verdadero peligro de muerte, lo hace desesperada, acosada por la necesidad, forzada a ello contra su propia voluntad. Su presencia ante el profesional del arte de curar, para tratar el aborto, que si bien provocó, ahora no puede controlar, en sus últimas consecuencias, implica mostrar su cuerpo, descubrirse en su más íntimo secreto, confesar su delito, preguntarse si alguien tiene el derecho de burlarla, haciendo pública su conducta, violando con su secreto, otra vez la garantía constitucional, que enunciada en el art. 18 de nuestra Ley Suprema, establece de manera indubitable que nadie está obligado a declarar contra si mismo, y no podría negarse que en tales casos, la obligación es urgida por el derecho a vivir” (CCC, Sala IV, causa nro. 19.383, “Ferrara, Claudia” rta. 19/03/04 con cita del Fallo Plenario CCC “Natividad Frías”, rta. 26/8/1966, J.A. 1966, V, 69).

Así, el médico que atendió a V. B. L. en el mencionado hospital no tenía la obligación de denunciar a la autoridad policial la existencia de las maniobras abortivas, ya que había tomado conocimiento de ellas en el ejercicio de su profesión, correspondiendo, en consecuencia, el respeto del secreto profesional (art. 177, inc. 2do. del C.P.P.N.).  Si bien en ese momento entraron en conflicto por un lado el interés del Estado en determinar la existencia de las presuntas maniobras abortivas y de sus causantes, y por el otro, la garantía constitucional del derecho a la intimidad (art. 19 de la C.N.), lo cierto es que no se puede, violándose el secreto médico, tomarse esa manifestación como válida y autoincriminante y ser la “notitia crimis” que permitirá el avance de la causa. Menos aún que los primeros estudios practicados se conviertan en la principal prueba para acreditar las maniobras. Así las cosas, esta Sala entiende que el primer control jurisdiccional efectuado sobre la prueba así reunida, impone la inmediata aplicación de las reglas de exclusión por haber sido producto de una autoincriminación de la imputada en un estado de desesperación …”. Leer Más

“KOSUTA, Teresa R. s/ recurso de casación”. FALLO PLENARIO.

FALLO PLENARIO “KOSUTA”. La Cámara Nacional de Casacìón Penal el 17/08/1999 en fallo “Kosuta” sostuvo que:   I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal; II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación; III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba; IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación

“La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años.
No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.
La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio.
El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.”

Leer Más

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. ALCANCE Art. 76 C.P. OFRECIMIENTO DEL IMPUTADO DE UNA “AUTO-INHABILITACIÓN”.

Negativa de suspender el juicio a prueba por vincularse el hecho investigado con un delito que prevé la sanción de inhabilitación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa “Gregorchuk, Ricardo s/ recurso de casación”  de fecha 03/12/2002, estableció “La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación -Art. 76 bis in fine del Código Penal- surge de manera inequívoca de la intención del legislador.-
En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que “en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto” lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995).”

“En este orden de ideas, la propuesta del recurrente de ofrecer una “auto-inhabilitación” no puede prosperar toda vez que acceder a lo solicitado importaría suspender el ejercicio de la acción pública en un caso no previsto por la ley afectando de ese modo el principio de legalidad y desconocer la intención del legislador en cuanto previó la posibilidad de adoptar las prevenciones que los delitos -como el imputado a Ricardo Gregorchuk- exigen.-
En consecuencia, no aparece como arbitraria la decisión del tribunal a quo que rechazó el planteo de la defensa del nombrado Gregorchuck con remisión al plenario Nº 5 de la Cámara de Casación Penal -“Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de Casación”, del 17 de agosto de 1999- y negó la posibilidad de suspender el juicio a prueba por vincularse el hecho investigado con un delito que prevé la sanción de inhabilitación.” 
Leer Más

RESOLUCIÓN GENERAL (A.F.I.P) Nª 2518

IMPORTANTE: Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas al 31/12/2007. Requisitos plazos y condiciones.

En el día de la fecha 11/11/2008 a travès del dictado de la Resolucón General AFIP 2518 se estable un plan de facilidades de pago que contempla la regularización de deudas impositivas, de los recursos de la seguridad social y las multas y los cargos suplementarios por tributos aduaneros vencidos al 31 de diciembre de 2007. El mismo contempla además la posibilidad de reformular planes vigentes con el objeto de extender los plazos de cancelación.
Las obligaciones adeudadas podrán ser regularizadas en hasta 120 cuotas, según el tipo de deuda de que se trate, con un interés de financiamiento del 1,5% mensual y un importe mínimo de cuota de $ 150, conforme al detalle que seguidamente se adjunta.

DEUDA

CANTIDAD DE CUOTAS
INTERÉS DE FINANCIAMIENTO
MONTO MÍNIMO DE LA CUOTA

Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia

24

1,50%
$ 150

Retenciones

24
1,50%
$ 150
Resto de deudas
120
1,50%
$ 150

Señalamos que el importe de la primera cuota, además no podrá ser inferior al 3% de la deuda consolidada.

Obligaciones excluidas
Quedan excluidas del presente régimen, entre otras, las siguientes obligaciones:
* Los anticipos y/o pagos a cuenta;
* Las retenciones con destino a la seguridad social, excepto los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia;
* Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTO), devengadas hasta el mes de junio de 2004;
* Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTO);
* Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);
* Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico;
* La contribución mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Adhesión
La adhesión al régimen debe realizarse exclusivamente a través de Internet, por lo que deberá contarse con la clave fiscal correspondiente.
La posibilidad de presentar el plan estará disponible desde el 20 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2009, bajo la opción “Plan Especial-Deuda vencida al 31 de diciembre de 2007”.

Reformulación de planes vigentes
La reformulación de planes de facilidades vigentes, siempre que no posean cuotas vencidas impagas, podrá efectuarse a través del sistema “Mis Facilidades”, opción “Reformulación del Plan”, y para luego seleccionar la opción “Plan Especial”.

Reducción de intereses
La presentación de deudas bajo este régimen no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o punitorios, como tampoco liberación de las sanciones respectivas.

Vencimiento de las cuotas
El vencimiento de las cuotas será el día 16 de cada mes, a partir del mes siguiente en que se realice la adhesión y además cuando en dicha fecha no pueda efectivizarse el ingreso se prevee un nuevo débito directo para el día 26 del mismo mes.
Las cuotas deberán ser canceladas exclusivamente por débito directo en la cuenta del contribuyente.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que quienes adhieran al plan obtengan una caja de ahorros fiscal gratuita de la que se le debitarán las cuotas. La cuenta gratuita deberá solicitarse en el Banco de la Nación Argentina.

Caducidad
La caducidad operará de la siguiente manera, de acuerdo a la cantidad de cuotas solicitadas:
– Planes de hasta 12 cuotas: falta de cancelación de 2 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la segunda de ellas;
– Planes de 13 y hasta 24 cuotas: falta de cancelación de 3 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la tercera de ellas;
– Planes de 25 y hasta 48 cuotas: falta de cancelación de 4 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la cuarta de ellas;
– Planes de 49 y hasta 72 cuotas: falta de cancelación de 5 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la quinta de ellas;
– Planes de más de 72 cuotas: falta de cancelación de 6 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la sexta de ellas;
En todos los casos la falta de ingreso de la o las cuotas no calncelada/s, a los 60 días corridos posteriores al vencimiento de la última cuota será causal de caducidad.

El texto de la Resolución establece: Leer Más

MONOTRIBUTISTAS. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Están obligados a cumplir con este régimen los monotributistas que:

A) Se encuentren obligados a adquirir el formulario Carta de Porte para el comercio de granos,

B) Revistan al 1ª de octubre de 2008 en las Categorìas “D” o “E” del Monotributo.

¿En qué consiste?

Consiste en la ratificación y/o la modificación de las actividades declaradas ante este organismo.

¿Cómo se hace?

La obligación se cumplirá mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet” a través de la página web del organismo (www.afip.gov.ar), accediendo al servicio con “Clave Fiscal” “Padrón Único de Contribuyentes”, opción “Actividades Económicas”.

Una vez que ingrese a la opción, podrá consultar las actividades disponibles, debiendo seleccionar la correspondiente a la actividad económica que desarrolle.

El sistema generará un acuse de recibo que servirá de constancia de la presentación efectuada.

¿Cuándo vence?

Para los monotributistas …

a) Obligados a adquirir el formulario Carta de Porte para el comercio de granos: el 15/10/2008,

b) Aquellos que al 1ª de octubre de 2008 revistan la categoría “D” o “E” en el Monotributo: el 17/11/2008.

DENUNCIA. ABORTO. DEBER DE DENUNCIAR. NULIDAD: PARCIAL. SECRETO PROFESIONAL.

Confesión al médico del aborto practicado. Validez de la instrucción para responsabilizar a otros implicados. Fallo plenario, “Frías, Natividad”.

La Cámara Nacional en lo Criminal, Sala VII (Int.), Dres. Bonorino Peró, Ouviña- en causa Causa 2.748, “SEQUEIROS, Ismael”, se sotuvo que el inciso 2ª del art. 177 del C.P.P. impone a los médicos el deber de denunciar los delitos de acción pública, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional, y si la comisión del aborto no fue inferida científicamente a partir del estado de la paciente, sino que fue confiada por ésta a quien le prestaba el auxilio de su profesión, (sin perjuicio de que en la colisión de ambos deberes la facultativa creyera erróneamente que tenía preeminencia el que la obligaba a denunciar), tal revelación -por aplicación del fallo plenario “Frías, Natividad”-, no podía dar origen a la instrucción de un sumario en contra de aquélla, no obstante que, deben mantener su validez las actuaciones encaminadas a responsabilizar a instigadores, coautores y cómplices, y, con esos alcances, la iniciación del sumario no está afectada por un vicio esencial que lo invalide.

II. PRUEBA. DE TESTIGOS. ABORTO. NULIDAD: a) Declaración de la abortante. Obligación de decir verdad. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo. Fallo plenario, “Frías, Natividad”. b) Declaración de la madre de la abortante. Posible partici-pación en el hecho. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo.

a) La mujer que consiente un aborto incurre en la comisión de un delito (art. 85, C.P.), por lo cual, ella no puede dar noticia del mismo a través de su declaración testimonial, pues si así fuera interrogada, al ser obligada a prestar juramento de decir verdad y estar conminada por las penas previstas para quien mienta o calle lo que sepa -C.P.P., arts. 240, 247, 249 y 252, y art. 275 del C.P.- estaría coaccionada para declarar contra sí misma, lo que importaría una grosera violación a la respectiva garantía constitucional -art. 18 de la C.N.-, por lo que tal actuación deviene insanablemente nula, no quitando ni poniendo nada al respecto, los alcances del fallo plenario “Frías, Natividad”, pues la plena vigencia de una garantía constitucional no depende ni puede ser alterada por un fallo judicial, obviamente susceptible de ser modificado por otro acuerdo plenario.
b) La madre de quien ha practicado un aborto no debió ser interrogada como testigo, pues su relato no sólo constituye una imputación para el médico que habría practicado el legrado, sino también para su propia hija, lo que viola lo dispuesto en el art. 242 del C.P.P., sin perjuicio de que podría importar el reconocimiento de haber participado en el hecho, al abonar al profesional la suma convenida de antemano, por lo que tan improcedente testimonio también constituye una violación a la garantía constitucional del art. 18 de la C.N.

ABORTO. HOMICIDIO CULPOSO.

Homicidio, diferencia con el aborto. Comienzo de la vida. Muerte del niño durante el nacimiento. Derogación de la figura del infanticidio. Bien jurídico vida. Procesamiento.

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Sala VII. Dres. Bonorino Peró, Piombo, Cicciaro., Causa Nª 23.760, “MACIAS, Silvina Nancy”, se soctuvo que cuando se da muerte injustamente a una persona después del nacimiento, se comete el delito de homicidio, mientras que el aborto se tipifica cuando se da muerte a esa persona antes del nacimiento.
El aborto culposo (verbigracia, el que podría importar a partir de una mala praxis médica) no está contemplado en la legislación penal argentina.
“El comienzo de la vida humana coincide con el comienzo del nacimiento, lo que ocurre con las contracciones expulsivas o con el comienzo de la primera incisión de la cesárea” (*).
Debe criticarse la tesis civilista relativa a la completa separación del niño del cuerpo de la madre, que “olvida que no se requiere que se mate al ya nacido, sino que basta que se mate al sujeto durante el nacimiento, por lo cual la mayor parte de la doctrina ha considerado que el nacimiento, como momento a partir del cual se esta en presencia de un homicidio, se da con el ‘comienzo del parto’, lo que puede ocurrir con los primeros dolores que indican el comienzo del parto natural o, cuando faltan esos dolores, con el inicio del procedimiento de provocación artificial de aquél o de extracción quirúrgica del feto” (**).
El proceso de nacimiento abarca todo el período que va desde el comienzo de la expulsión hasta su finalización por lo cual resulta contraria a la naturaleza de las cosas y arbitraria la posición que atiende solamente a la culminación de este acontecimiento (***).
Con la derogación del infanticidio por la ley 24.410 se ha dado prevalencia al bien jurídico vida por sobre la honra de la mujer. Se advierte que la idea de la reforma, al derogar un tipo penal privilegiado o atenuado, fue la de otorgar una mayor protección a la vida y no una menor. De seguirse la interpretación que postula un retorno a la “tesis del código civil”, el tipo penal de homicidio no abarcaría todo el proceso del nacimiento, sino sólo su culminación, disminuyendo su protección (****).
La derogación de la figura no puede producir alteración alguna en los elementos objetivos que conforman el tipo penal del homicidio, entre los que se encuentra el sujeto pasivo: quien mata “durante el nacimiento” mata a una persona y cometerá el delito de homicidio en cualquiera de sus formas” (*****).
Si el “proceso” del nacimiento se había iniciado, conferirle al niño la calidad de feto desde la perspectiva jurídica, importaría una demasía en la interpretación de la ley que injustificadamente elimina la subsunción de la categoría del “otro” a que hacen alusión las normas de los arts. 79 y 84 del C.P..
En el delito imprudente, concretamente derivado de la praxis médica, la omisión o violación al deber específico de cuidado no se vincula con dogmáticas certezas sino con la potencial capacidad de evitación del resultado o cuanto menos con la disminución del riesgo de que tal resultado se produzca.
Por ello, si de los informes recolectados surge que una vez que la médica imputada dispuso la ruptura de la bolsa, lo cual provoca la aceleración del parto, debió disponer la convocatoria del anestesista, que no se encontraba físicamente en el hospital, y que una vez detectada la bradicardia fetal con las características del caso, era necesaria la extracción fetal en el menor tiempo posible, lo cual no hizo, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito de homicidio culposo en tanto el excesivo tiempo transcurrido entre la determinación de realizar la cesárea y la extracción fetal, por la ausencia de la anestesista, al haber sido prolongado influyó en forma negativa en su evolución.

A %d blogueros les gusta esto: