ABORTO. NULIDAD DE LAS ACTUACIONES.

En la causa “A.G.Y”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,  Sala I, del 11/9/2008 sostuvo que el médico de un hospital público a quien su paciente le informa, en el contexto de la relación que los une, que se ha practicado un aborto, no está obligado a efectuar la denuncia. Hacerlo sería desconocer el derecho al secreto médico y violatorio del art. 156 del C.P.” (in re: Sala I, cn° 30.008, “NN s/aborto”, rta.: 28/11/06), concluyendo que, caso contrario, corresponde declarar la nulidad de las actuaciones. <!–../../publicador/03f/jurdialRTF.asp?archivo=AA4BA5.html&pie=AA4BA5&titulo=C. 34.553 – "A., G. Y." – CNCRIM Y CORREC – Sala I – 11/09/2008&direc=3  Leer Más

EVASION TRIBUTARIA. Acogimiento espontáneo del contribuyente a un plan de facilidades de pago, para la regularización de las obligaciones tributarias omitidas.

En la presente causa ““Di Giorgio, Osvaldo s/ recurso de casación” la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, del 5/6/2008, la defensa del imputado alegó habrrse acogido a un plan de facilidades de pago, por lo cual, por aplicación del principio consagrado en el artículo 2 del Código Penal, corresponde aplicar las previsiones del artículo 73 de la ley 25.401. Asimismo la mencionada Ley, vigente durante el año 2002, en su artículo 73 previó que: `El organismo recaudador estará dispensado de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo Nacional haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el artículo 113, primer párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998) y su modificaciones, en la medida que el responsable de que se trate regularice la totalidad de las obligaciones tributarias omitidas a que ellos refieran”.

Por consiguiente se resolvió que “…..como requisito adicional para la concesión del beneficio en discusión, el pago total de las obligaciones tributarias omitidas y no sólo el mero acogimiento a un plan de regularización…la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que es condición para la extinción de la acción importa implícitamente una suspensión ministerio legis del trámite del proceso y de la prescripción de la acción hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva o se produzca la caducidad del plan de facilidades de pago por incumplimiento en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción penal pública. Teniendo en cuenta que el plan de pagos “RAFA” al que se acogió el contribuyente caducó, en tanto se pagaron 7 de las 96 cuotas, y el último pago se efectuó el 21 de abril de 2006, conceptuamos que aún cuando resultara de aplicación al caso como lo pretende el recurrente el artículo 73 de la ley 25.401-por ser ésta la ley penal más benigna-, la pretensión de la defensa no puede prosperar.” (Dr. Riggi, según su voto). Leer Más

Acordada Nº 26/2008 CSJN. Adopción de las previsiones reglamentarias a fin de ejercer las facultades disciplinarias.

El 24 de octubre de 2008 se dictó la Acordada Nª 26/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde en sus considerandos se estableció:

 Que el Decreto Ley 1285/58, ratificado por Ley 14.467, faculta a los tribunales colegiados y jueces para sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días, a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro. Cuando se tratare de la imposición de una multa, la ley prevé que ella será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente un juez de primera instancia, hasta un máximo del 33%. Con relación al arresto la norma dispone que será cumplido en una dependencia del órgano judicial o en el domicilio del afectado (artículo 18, modificado por el artículo 2º de la Ley 24.289). A su vez el artículo 19 —cuyo texto fue sustituido por el artículo 10 de la Ley 26.371 (B.O. 30/05/08)— dispone que las sanciones disciplinarias aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la Cámara Federal de Casación Penal, por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por las cámaras nacionales de apelaciones y por los tribunales orales sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración y que las sanciones aplicadas por los demás jueces nacionales serán apelables por ante las cámaras de apelaciones respectivas, debiendo deducirse los recursos en el término de tres días.

Que dentro del marco que confieren las normas reseñadas es necesario adecuar su aplicación en los casos concretos en que corresponde el ejercicio de facultades disciplinarias a las exigencias contenidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), a la que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional.

Que en particular cabe tener presente que la imposición de una sanción disciplinaria a una persona, en las circunstancias y por las causas señaladas, importa la determinación concreta de sus derechos y obligaciones y que el artículo 8º, inc. 1º de la Mencionada convención, contiene garantías relacionadas con el debido proceso adjetivo que son de inexcusable cumplimiento, en cuanto aseguran el derecho de toda persona “…a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley…para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Que en el sentido expuesto corresponde que la Cámara Nacional de Casación Penal y las cámaras nacionales y federales de apelaciones, en uso de las atribuciones de superintendencia delegada por esta Corte, adopten las previsiones reglamentarias necesarias a fin de poder ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el respeto al debido proceso adjetivo, garantizado por la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Por ello,

ACORDARON:

I — Encomendar a la Cámara Nacional de Casación Penal y a las cámaras nacionales y federales de apelaciones, que, en uso de las atribuciones de superintendencia delegada por esta Corte, adopten las previsiones reglamentarias necesarias a fin de poder ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el respeto al debido proceso adjetivo, garantizado por la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

II — Los tribunales mencionados en el artículo anterior deberán informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas, en el término de sesenta días contados desde la comunicación de la presente.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se publicase en el Boletín Oficial, se comunicase en la página web del Tribunal y en la página www. cij.csjn.gov.ar, y registrase en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Juan C. Maqueda. — Carmen M. Argibay. Ante mí: Alfredo J. Kraut.

Ley PBA Nº 13.869. Creación del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia.

A través del dictado de la Ley Pcia. de Buenos Aires Nª 13.869, publicada en el Boletín Oficial el 16/10/2008, se crea el Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia en el cual se incluirán los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales efectuadas en los términos y con las garantías del Código de Procedimiento Penal (Ley 11.922 y sus modificatorias), especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas.

El texto de la ley establece: Leer Más

CORREO ELECTRÓNICO EQUIPARABLE A LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR

CONFIGURACIÒN DE VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, se pronunció en la causa “Falik, Flavia Débora”, el 4/7/2008 estableciendo que “……el correo electrónico, en tanto se trata de un medio que amplía la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional, resulta equiparable al epistolar. De ahí que se haya entendido que el correo electrónico es correspondencia privada que protege la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos incorporados a ella … En ese sentido y a partir de sus características propias, goza de una protección de la privacidad más acentuada que la clásica vía postal, desde que para su funcionamiento y utilización se requiere indispensablemente de un prestador del servicio, el nombre de usuario y clave de acceso destinados, sin duda alguna, a impedir que terceros extraños se entrometan en los datos y contenidos que se emiten y reciben….” Leer Más

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RETENCIONES SOBRE LAS REMUNERACIONES.

Causa “CHESINI, LUIS JESUS C/ AFIP -DGI S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA – MEDIDA CAUTELAR”, Juzgado Federal de Campana, 28/08/2008. En esta causa se estableció la procedencia del carácter alimentario de la remuneración y el planteo de la declaración de certeza para determinar la aplicación del mecanismo de actualización previsto en el artículo 25 de la Ley 20628. Así se sostuvo que “…..el actor sostiene que este requisito se encuentra cumplido toda vez que dada, la situación económica actual, la inaplicación del mecanismo establecido en el artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias para neutralizar los efectos de la inflación genera una manifiesta distorsión del principio de capacidad contributiva lo que afecta los niveles mínimos de gastos para su subsistencia y la de su familia. Cabe recordar que la verosimilitud debe ser entendida como la probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad, que sólo se logrará al agotarse el trámite. En el caso de autos, resulta razonable la petición del actor atento la normativa aplicable y cómo esta incide en sus remuneraciones, máxime si se tiene en cuenta el carácter alimentario que revisten las mismas.”” Esgrimeindo el actor que las retenciones se realizan mes a mes de su sueldo, lo que influye directamente en la economía familiar, para considerar cumplido dicho presupuesto. Leer Más

HOMICIDIO CULPOSO. POSICIÓN DE GARANTE DEL CONDUCTOR.

Violación del deber objetivo de cuidado. En el fallo bajo análisis se sostuvo que “….. el imputado llevaba a la persona fallecida en la caja trasera de la camioneta, indicando la observación de la realidad que es una práctica frecuente en el tráfico automotor. En efecto, de los dichos de Vallejos al ser indagado como del resto de los ocupantes que viajaban en ese rodado se encuentra determinado que Balmaceda viajaba habitualmente todas las mañanas en la caja del vehículo para aprovechar a dormir.” Asimismo hay que tener en cuenta el deber de cuidado del imputado, tanto es así que de las constancias de autos se desprende que “…..en la pericia practicada al rodado no se ha demostrado que sea un habitáculo destinado al transporte de personas y en este punto nos encontramos ante la circunstancia que Vallejos es responsable también del riesgo creado por la víctima en la medida que en su posición de garante estaba obligado a hacer todo lo posible para evitar el resultado dañoso: muerte.” Así se sostuvo que “la acción de Vallejos habría sido imprudente, pues al conducir la camioneta, como acabamos de ver, con exceso de velocidad y cruzando la intersección inhabilitado por el semáforo, tendría que haber tenido en consideración la conducta de Balmaceda (que viajaba dormido en la caja trasera de la camioneta).  Causa “Vallejos, Néstor Gabriel s/procesamiento” –  Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala I, de fecha 17/03/2008.  Leer Más

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