EJECUCIÓN FISCAL. PROCESO DE APREMIO. RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

FACULTAD DEL FISCO PARA DECRETAR MEDIDAS PRECAUTORIAS. Embargo de cuenta bancaria. Vulnerabilidad de principios constitucionales. Debido proceso. Derecho de propiedad.

En la causa “Fisco de la provincia de Buenos Aires c/ Bertoni, Sergio s/ apremio”, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, el 18/09/2008 estableció que “de  detectar el juez del apremio irrazonabilidad o abuso en el alcance con que la medida fue ordenada y trabada por la Administración, podrá resolver también el levantamiento en aquella parte que configure el exceso (reducción del monto por el cual la medida ha sido trabada, según reza el art. 203 del C.P.C.C.), mas no está habilitado para sustituir la valoración del Fisco sobre la conveniencia de optar para resguardar su crédito mediante la medida decretada en vez de recurrir a otra diversa. Es que, en todo caso, si aquella elección de la entidad impositiva resultó a todas luces desafortunada y causó perjuicios al contribuyente, no será con un pedido de sustitución como se resuelva el conflicto, sino mediante la consecuente demanda de daños impetrada por el apremiado contra el Fisco en los términos del art. 1112 del C.C., vía procesal expresamente habilitada por el legislador en el propio art. 13 bis del Código Fiscal.” (Del voto de la mayoría). Por su parte se sostuvo que “Estas medidas (..) solo pueden ser decretadas por un órgano judicial, pues por mandato constitucional ningún habitante de la Nación puede ser privado de su propiedad, -en el caso de autos restricción a la libre disponibilidad de los bienes del contribuyente- sino en virtud de sentencia fundada en ley (arts, 14, 17 y 18 CN). Pronunciamiento éste que debe estar inexcusablemente guiado por un debido proceso o regular, o con todas las garantías, al decir de los españoles -cuyas directrices han sido esculpidas en letras de molde en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que han ingresado al torrente constitucional patrio a través de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 CN). Por este carril se garantiza frente al Estado – como insoslayable y lógica consecuencia de haberse constituido como estado de derecho- el derecho subjetivo de cada ciudadano a un proceso justo, fijando así el catálogo de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de todas aquellas personas cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. La figura del juez resulta, pues, sustancial en la dinámica de las garantías procesales (Esparza Leibar I. y Etxeberria Guridi J. “Derecho a un proceso equitativo”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario Sistemático”, Iñaki Lasagabaster Herrarte (dir.), pág. 148, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004).” (Del voto en disidencia del Dr. Monterisi). Leer Más

INTERPRETACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY 24.769.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Régimen penal tributario. Determinación del monto del impuesto. Efecto de la cosa juzgada en sede penal. Principio non bis in idem. 

En la causa ‘AGROFERIA SRL c/ DGI’ – CNACAF – SALA V – 15/07/2008 que resulta imposible desatender declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal. Una solución contraria a la aquí propiciada transformaría el efecto de la sentencia penal tributaria en una expresión meramente declarativa; en claro desmedro de la garantía constitucional del non bis in idem, y en franca violación a la intención preclara del legislador de mantener la coherencia respecto de la plataforma fáctica común al proceso penal tributario y al procedimiento administrativo de determinación del tributo. La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas. Por su parte el Dr. Alemany sostuvo que hasta tanto la ley 24.769 no sea aclarada, los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados tendientes a determinar el tributo deberían suspenderse para evitar que la sentencias dictada en el proceso administrativo tramitado con arreglo a la 11.683 y en el proceso penal tributario instruidos en razón de los mismos hechos se contradijeran respecto de la existencia, de la deuda impositiva; aunque la posibilidad de tal suspensión no haya sido prevista expresamente en el artículo 20, primera parte, de ley 24.769. Leer Más

REQUISA PERSONAL PRACTICADA EN UNIDAD CARCELARIA.

En la causa “Rojas, Marcos Ariel y otro s/ recurso de casación”, la CNCP, Sala III, el 25/07/2008 trató el tema del acta de secuestro de estupefacientes, donde empleados de la unidad penitenciaria oficiaron como testigos. Al efecto cabe recordar que el art. 138 del CPPN expresamente veda la intervención del personal policial como testigos. En la presente causa se planteó el tema de la nulidad de la citada acta, estableciendo la Cámara la validez de la misma por cuanto dicha acta no configura “per se” una causal de nulidad absoluta del acto del que se deba dar fe, pues solamente la inobservancia de lo prescripto por el artículo 139 dará lugar a dicha sanción; por tanto debe concluirse que la circunstancia apuntada no invalida la diligencia. (Del voto en mayoría del Dr. Tragant), debiendo los jueces apreciar el acta como una probanza más, en consonancia con los restantes medios de prueba. El voto de la disidencia sostuvo que la falta de justificación de los preventores para prescindir de la convocatoria de testigos civiles, más allá de la expresa prohibición legal contenida en el art. 138 CPPN, determina la nulidad de dicho acta. Así la Dra. Ledesma sostuvo que “Sin embargo, surge que los preventores no dieron ninguna justificación para prescindir de la convocatoria de testigos (por ejemplo, la negativa de otros internos de participar, el avanzado horario, la ausencia de personal civil en la unidad, etc.). Así, más allá de las dificultades que pudo enfrentar el personal penitenciario a la hora de llevar adelante el procedimiento en cuanto a la obtención de testigos civiles, lo cierto es que del acta labrada no surge manifestación alguna vinculada con dichas circunstancias que permita examinar la razonabilidad de la decisión.” Agregando “Por ello, teniendo en cuenta la aludida trascendencia de la presencia de testigos como los “ojos del juez”, considero que la ausencia de toda indicación o explicación sobre el punto, resulta determinante para la impugnación de lo actuado.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

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RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2499/2008.

INCREMENTO DE LOS IMPORTES MÍNIMOS DE SOLVENCIA PATRIMONIAL PARA NO TENER LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR POR PRIMERA VEZ CON FACTURAS TIPO “M” Ó “A CON LEYENDA”.

Se podrá emitir facturas por primera vez tipo “A”, aquellos sujetos obligados que cumplan con las siguientes condiciones:

– El importe correspondiente a los bienes declarados en el impuesto sobre los bienes personales deberán ser como mínimo de $ 305.000.

– Si demuestran la titularidad de bienes inmuebles o automotores, el importe de estos debe ser igual o superior a $ 150.000, conservándose el importe de $ 50.000 sólo para el caso de inmuebles adquiridos hasta el 19/10/2003, inclusive.

Aquellos sujetos que no cumplan con los  requisitos patrimoniales mencionados,  deberán emitir facturas tipo “M” , alcanzados de este modo con el régimen de retención de IVA y ganancias previsto en el Título III de la RG (AFIP) 1575-, u optar por emitir facturas tipo “A” con la leyenda preimpresa “PAGO EN CBU INFORMADA”, por lo que  las operaciones deberán ser canceladas mediante transferencia o depósito bancario-.
Las modificaciones de la presente resolución tienen vigencia a partir del  1/11/2008, inclusive.

El texto de la resolución establece: Leer Más

Posibilidad de practicar un dosaje hemático compulsivo al imputado.

Interesante fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcional, Sala VII, en Causa “Geruchalmi, Vanesa s/ extracción compulsiva de sangre”, (9/4/2008), se ha sostenido que se ha intentado hacer una distinción entre los casos en que se pretende convertir al imputado en un sujeto activo de prueba (obligarlo a que declare, o a que haga un cuerpo de escritura), de aquéllos en que a aquél se le reclama un comportamiento pasivo, ya sea para extraerle sangre, huellas dactilares, etc. En esta interpretación, la garantía contra la autoincriminación funcionaría en el primer supuesto (imputado como sujeto activo), pero no en el segundo. Es que, como señala Roxin, “…el procesado no tiene que colaborar con las autoridades encargadas de la investigación mediante un comportamiento activo, aunque sí debe soportar injerencias corporales que pueden contribuir definitivamente al reconocimiento de su culpabilidad. Se impone al imputado la obligación de tolerar…” ( Roxin, Claus, La protección de la persona en el proceso penal alemán, publicado en “Revista Penal”, nº 6, julio 2000, Ed. CissPraxix Profesional, Barcelona, pág. 120, citado por Riquert, Marcelo Alfredo, La solicitud de intervenciones corporales en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, en El Dial.com., del 13/04/2005).

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FACTURAS FALSAS Y EVASION IMPOSITIVA AGRAVADA.

CAUSA “SKANSKA”. Impuesto a las ganancias y salidas no documentadas. Mismo impuesto a los fines de la ley 24.769.

En la causa “Vago, Gustavo Ángel y otros -Contribuyente: Skanska S.A. s/ evasión tributaria simple y evasión tributaria agravada”, el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1 de la Capital Federal, con fecha 19/03/2008 ha establecido que: “La denominación “impuesto a las salidas no documentadas” es de uso corriente en ámbitos tributarios, como también lo es “impuesto de igualación”, por ejemplo. Sin embargo, son todos conceptos -o subconceptos, si se quiere- del mismo régimen legal. No parece lógico que el legislador, al señalar que el monto evadido se debe computar “…por tributo y por ejercicio anual, aún cuando se tratara de tributos instantáneos o de periodo fiscal inferior…”, haya querido separar los distintos subconceptos de cada régimen legal para que se los considere aisladamente y así multiplicar las imputaciones delictivas”. Asimismo se sostuvo: “Considerar separadamente a los fines del artículo 1 de la ley 24769 la obligación del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias de la anual del mismo tributo, importa lisa y llanamente desconocer la doctrina de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que estableció que por aquella obligación se responde a título propio, con lo que claramente descartó que se trate de un caso de responsabilidad por deuda ajena, aun cuando consideró la particular circunstancia por la cual el legislador previó el caso. Es decir, que el impuesto debido no es el ajeno sino que es una obligación propia que emana de la ley del impuesto a las ganancias. La identidad del obligado, la del régimen impositivo y del ejercicio anual es lo que determina la unidad sobre la que cabe calcular el monto evadido, soslayando -fundamentalmente- el aspecto temporal, por lo que ningún obstáculo impide considerar juntamente obligaciones anuales, mensuales o de cualquier otra periodicidad inferior al año, o instantáneas de un mismo “tributo”, entendido por tal, insisto, el régimen legal del mismo”. Leer Más

RESPONSABILIDAD MEDICA – OBLIGACIONES DEL MEDICO –

RESPONSABILIDAD MEDICA – HOMICIDIO CULPOSO.

En la causa “G., S. R. s/Homicidio culposo s/Casación” (Expte.Nº 20771/05 STJ), Expdte. 45.907 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro se sostuvo para la delimitación de la responsabilidad penal médica lo siguiente: “No podemos dejar de precisar que si bien la prestación médica es una obligación de medios y no de resultados, tales medios deben ser aplicados de conformidad con reglas técnicas y éticas cuya violación por parte del galeno configura una conducta penalmente reprimible por el daño causado al paciente. “Los médicos deben actuar con la celeridad, precaución, dedicación personal y con todos los recursos disponibles que la emergencia requiera y si violan este deber de cuidado, contribuyendo en tal forma a aumentar el riesgo para la paciente, que pudo ser evitado, o por lo menos haberlo intentado o disminuido, son responsables penalmente por el resultado lesivo a título de culpa, pues por sus dotes profesionales no podían ignorar tales riesgos, actuando en consecuencia con negligencia e inobservancia de los deberes a su cargo. […]” (Lucía Graciela Savarese, “Historia clínica. Encuadre probatorio. Responsabilidad médica. Responsabilidad omisiva”, revista El Derecho del 03-02-2006, pág. 3). Voto de los Dres. SODERO NIEVAS – BALLADINI – LUTZ (en abstención).

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